Ganar un proceso judicial no garantiza recuperar el dinero de inmediato: más de S/3.084 millones retenidos a empresas en 2024

En el entorno empresarial peruano, ganar un proceso judicial contra la Sunat o cualquier deudor no siempre representa el final del problema.

Para muchas compañías, la batalla legal es solo una parte del desafío, ya que la recuperación efectiva del dinero puede demorar años, con impactos directos en la liquidez, el capital de trabajo y la continuidad operativa.

Según cifras oficiales, en 2024 más de S/3.084 millones en deudas tributarias impugnadas de grandes contribuyentes permanecieron retenidos en etapa judicial, evidenciando la magnitud del fenómeno.

El riesgo de la espera: patrimonio y competencia entre acreedores

La demora en la recuperación de una deuda reconocida judicialmente se agrava por la posibilidad de que el deudor traslade sus bienes o que otros acreedores logren embargar primero los activos disponibles.

Rafael Viera, fundador y socio principal de Viera Abogados, advierte que uno de los errores más frecuentes de las empresas es esperar demasiado antes de definir una estrategia de cobranza, lo que permite a los deudores proteger o transferir su patrimonio.

“Cobrar una deuda no consiste únicamente en demostrar que esta existe. La verdadera dificultad está en identificar el patrimonio del deudor, asegurarlo y actuar antes de que otros acreedores acrediten derecho preferente de cobro”, señala el especialista.

En muchos casos, la empresa que posterga la acción legal descubre que, cuando finalmente demanda, otros ya han embargado las cuentas o propiedades que podían respaldar la obligación.

Viera enfatiza la importancia de analizar no solo la validez jurídica de la deuda, sino también las posibilidades materiales de recuperarla.

Cifras que ilustran la dimensión del problema

El ejemplo de la Sunat resulta ilustrativo. En 2024, S/3.084 millones de deudas tributarias impugnadas de grandes empresas se encontraban judicializadas, con un tiempo promedio de resolución cercano a tres años, según el letrado.

Incluso la propia administración tributaria, con mecanismos de ejecución coactiva, enfrenta procesos de larga duración. Ese mismo año, la Sunat logró recuperar S/746 millones a una empresa de telefonía tras un litigio que se extendió por dos décadas.

Las demoras no solo afectan el flujo de caja de las empresas, sino que pueden inmovilizar recursos considerables y obligar a las compañías a asumir gastos adicionales, como intereses, costos administrativos y gastos de cobranza.

Mientras la deuda pendiente aumenta, el patrimonio disponible del deudor puede disminuir por transferencia de activos, aparición de nuevos acreedores o deterioro financiero.

Estrategia legal: actuar antes de que la deuda se vuelva incobrable

De acuerdo con Viera Abogados, cerca del 50% de los casos gestionados por la firma corresponde a litigios civiles, principalmente recuperación de deudas y conflictos patrimoniales.

Los procedimientos administrativos y penales representan aproximadamente un 25% cada uno, con una demanda transversal en sectores como retail, logística, industria, minería, energía y servicios.

El especialista recomienda no esperar a que las negociaciones fracasen para intervenir. Incumplimientos reiterados, reprogramaciones constantes, falta de respuesta, cierre de establecimientos, transferencia de activos o embargos promovidos por terceros son señales que justifican una evaluación legal anticipada.

La firma, que cumple diez años de operaciones este año, reporta un crecimiento en este tipo de litigios complejos. “Una cobranza exitosa no comienza con la presentación de la demanda. Comienza con información completa, documentos ordenados, conocimiento del patrimonio del deudor y decisiones tomadas en el momento oportuno”, concluye Rafael Viera.