Contraloría investiga presunto certificado falso del Ministro de Trabajo para acceder a cargos públicos

A raíz de una denuncia periodística que involucra al actual ministro de Trabajo, Freddy Solano, en el presunto uso de un certificado falso de trabajo que le habría servido para ser nombrado hasta en seis cargos públicos, la Contraloría anunció el inicio del proceso de recopilación de información para investigar el caso.

“Me dirijo a usted, en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarle que, este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información, al “Procedimiento administrativo disciplinario tramitado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por la presunta presentación de documentación para acreditar requisitos de acceso a un cargo público”“, se indica en el documento presentado ante el despacho del ministro Solano. El documento es firmado por Javier Toribio Reyes, jefe del Órgano de Control Institucional del MTPE

Supuesto certificado falso del ministro

El ministro de Trabajo, Freddy Solano, enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de un certificado laboral que habría sido clave para acceder a 6 contratos estatales, un caso que derivó en una investigación interna en el ministerio, que terminó archivada por prescripción, pese a que la alerta formal sobre la autenticidad del documento había llegado en junio de 2024.

Según Cuarto Poder, ese certificado también le permitió acreditar la experiencia exigida para asumir el cargo de superintendente en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y pasó los filtros de otras 5 entidades públicas en las que ocupó puestos con remuneraciones de entre 15.000 y 25.000 soles mensuales.

El medio sostiene que el documento cuestionado fue incorporado al legajo de Solano para su designación en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La constancia estaba fechada el 30 de noviembre de 2017 y lo presentaba como jefe legal de la empresa de mensajería JCU SRL.

Ese certificado le atribuía funciones en procesos judiciales, laborales y licitaciones públicas entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017. También destacaba su “responsabilidad, lealtad, puntualidad, eficiencia y eficacia en sus funciones”.

De acuerdo con el informe citado por Cuarto Poder, sin esa constancia Solano no habría podido demostrar la experiencia mínima requerida para el puesto en Sunafil. La normativa exigía 10 años de experiencia profesional, 5 en el sector público y 5 en cargos de jefatura.

La denuncia se apoya en una carta enviada en junio de 2024 al propio Ministerio de Trabajo por Carlos Ubillús, gerente general de JCU SRL. En ese documento, el directivo afirmó que el certificado “no es auténtico” y que el actual ministro nunca trabajó en su empresa.

Ubillús ratificó esa versión ante el programa. “No es mi firma, no es mi logo, no es mi membrete”, dijo el gerente, quien además sostuvo que “nunca” contrató al funcionario que hoy integra el gabinete del presidente interino José María Balcázar.

La defensa de Solano rechazó esa acusación. Sara Lozano, abogada del ministro, declaró al medio que “no hemos presentado ningún tipo de documentación falsa, no hemos elaborado ese documento y el servicio se ha prestado efectivamente a nombre del tío y el señor Solano ha prestado labores para esta empresa”.

La letrada añadió que existe una “investigación penal respectiva”, dijo la defensa. Esa fue la respuesta frente a la versión del gerente de la firma que niega cualquier vínculo laboral formal con el funcionario.

Pese a la advertencia remitida al ministerio en 2024, el caso permaneció sin una resolución durante un año. Recién después se conformó una comisión ad hoc y se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra el entonces superintendente.

Esa comisión estuvo integrada por el viceministro de Promoción y Empleo, la viceministra de Trabajo y la jefa de Recursos Humanos del sector. El procedimiento concluyó el 25 de junio de 2026 con la prescripción del caso y el archivo definitivo de las acusaciones.

El cierre quedó consignado en un informe elaborado por el secretario general del Ministerio de Trabajo, quien había sido designado poco después de que el investigado asumiera la cartera. En sus descargos, Solano pidió “se declare la prescripción y el archivo definitivo de las imputaciones contenidas”, pero, según el reportaje, no negó la falsedad del documento.

El dominical también indicó que el certificado cuestionado no solo superó los controles de Sunafil. La misma documentación fue validada en otras cinco instituciones públicas en las que Solano trabajó antes de llegar al ministerio: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Corpac y PromPerú, entre otras, con sueldos de entre 15.000 y 25.000 soles mensuales.