
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República blindó una vez más a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por el presuntos intercambio de favores con el hoy presidente interino José María Balcázar cuando este se desempeñaba como congresista en 2023.
Se trata de la denuncia constitucional presentada por Delia Espinoza contra Benavides por presuntamente haber prometido apoyo a Balcázar en su proceso penal por apropiación ilícita a cambio de que este votara a su favor en diversos informes de calificación de denuncias constitucionales en su contra; y contra el hoy mandatario por presuntamente haber solicitado a Benavides la designación de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional.
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El informe de calificación sostiene que la denuncia por patrocinio ilegal contra Benavides debe ser declarada improcedente porque Tomás Gálvez no autorizó la acción penal contra el fiscal Elmer Ríos, quien habría sido enviado a Chiclayo para presionar a la fiscal superior a cargo entonces de la carpeta fiscal de José María Balcázar. “Al no existir el delito base, no puede sostenerse válidamente la imputación de instigación”, dice.
Sobre el delito de cohecho que se le atribuía a Benavides por la designación de la nuera del presidente, también lo archivan por la disposición de la Fiscalía de la Nación. En este documento, dicen, se estableció que el referido nombramiento fue una “conducta jurídicamente neutra”. Ello pese a que el propio congresista reconoció que le entregó un USB a Jaime Villanueva con el CV de su nuera.
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Justamente, Villanueva es mencionado. El informe de calificación asegura que “el único medio de prueba que sustenta el presunto acuerdo ilícito” entre Patricia Benavides y José María Balcázar son las declaraciones del exasesor. Sin embargo, esto es abiertamente falso.
Infobae revisó la denuncia constitucional, que contiene 110 elementos de convicción, entre testimonios de testigos, chats de WhatsApp, visitas al Congreso de la República, votaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y resoluciones de la Fiscalía de la Nación.

Incluso se tiene la declaración de la propia fiscal superior que estuvo a cargo de la carpeta fiscal de José María Balcázar. La magistrada confirmó que Jaime Villanueva y Elmer Ríos la contactaron con el objetivo de influenciar en la decisión que tenía que tomar en la carpeta fiscal del hoy presidente interino.
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Trámite suspendido
Cabe precisar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales únicamente archivó la denuncia constitucional contra Patricia Benavides.
El hoy mandatario José María Balcázar también está denunciado en este caso, pero la Subcomisión dispuso suspender el trámite de la denuncia constitucional hasta que deje el cargo. Esto en atención al artículo 117 de la Constitución, que impide la acusación contra el jefe de Estado en funciones salvo 4 excepciones: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso (fuera de los casos previstos) e impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
El informe de calificación invoca la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Dina Boluarte, donde se estableció que la Fiscalía únicamente puede realizar determinadas diligencias contra un presidente en funciones y luego debe suspender todo trámite hasta el final de su mandato.
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