Los primeros retos económicos de Keiko Fujimori en su nuevo gobierno: déficit fiscal, informalidad, empleo y crecimiento

Keiko Fujimori tendrá retos económicos tan urgentes como complejos. Su próximo gobierno recibirá una economía que ha mostrado señales de recuperación en los últimos dos años, pero que aún arrastra problemas estructurales como la alta informalidad laboral, la baja productividad de miles de microempresas y la necesidad de mantener la disciplina fiscal sin afectar el crecimiento.

Especialistas consultados por Infobae Perú coinciden en que el escenario económico actual es más favorable de lo que suele reflejar el debate político. Sin embargo, advierten que el margen de error es reducido. La sostenibilidad de las cuentas públicas, la generación de empleo formal, la atracción de inversiones y la recuperación de la confianza empresarial dependerán de las primeras decisiones que adopte el nuevo presidente y de las señales que envíe durante sus primeros meses de gestión.

Déficit fiscal: consolidar las cuentas sin frenar la recuperación

Para Jack Zilberman, decano de la Facultad de Negocios de la UPC, el próximo gobierno parte de una posición relativamente sólida. Destaca que el déficit fiscal se redujo a 2,2% del PBI en 2025, mientras que la economía cerró ese año con una expansión de 3,4%, impulsada principalmente por el gasto privado y la recuperación del empleo formal.

A ello se suma una cartera de grandes inversiones privadas que continuará ejecutándose durante 2026 y 2027, lo que brinda un soporte importante para la actividad económica. En ese contexto, considera que el desafío no pasa por incrementar el gasto público para estimular la economía, sino por evitar que el déficit vuelva a ampliarse.

Según el especialista, uno de los principales riesgos proviene de iniciativas legislativas que podrían aumentar el gasto público en los próximos años. También señala el impacto fiscal generado por PetroPerú, que en 2025 obligó al Estado a asumir garantías por más de S/ 3.100 millones asociadas a líneas de crédito.

Por ello, plantea una revisión profunda de la empresa estatal, así como un análisis integral del gasto corriente para identificar consultorías innecesarias, duplicidad de cargos de confianza, subsidios poco focalizados y proyectos de inversión mal diseñados. Los recursos liberados, sostiene, deberían orientarse hacia infraestructura de salud, educación y conectividad.

En una línea similar, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, considera que la reducción del déficit debe apoyarse principalmente en una mayor eficiencia del gasto público. Destaca que la recuperación económica ha sido consistente desde 2024 y que la inversión privada creció 10% al cierre de 2025, reflejando una mejora en la confianza empresarial. Para la economista, el ajuste fiscal debe concentrarse en generar ahorros dentro de los gastos corrientes de los tres niveles de gobierno.

Ampliar la recaudación sin castigar a los mismos contribuyentes

Uno de los principales consensos entre los especialistas es que elevar impuestos no debe ser la estrategia para aumentar los ingresos fiscales.

Zilberman sostiene que el problema histórico del Perú es que la carga tributaria recae sobre un grupo reducido de contribuyentes formales, mientras que más del 70% de la fuerza laboral permanece en la informalidad. Por ello, considera que la prioridad debe ser ampliar la base tributaria antes que incrementar tasas impositivas.

Entre las medidas planteadas figura fortalecer las capacidades de fiscalización de la SUNAT en la economía digital, ampliar el uso de la facturación electrónica y revisar regímenes especiales que ya no tengan justificación técnica.

Sin embargo, también subraya que la formalización requiere incentivos concretos. En su opinión, los pequeños negocios deberían percibir beneficios tangibles por integrarse al sistema formal, como acceso a crédito, programas de capacitación o mayores oportunidades para vender al Estado.

El académico identifica además un obstáculo poco discutido: la excesiva tramitología municipal. Licencias, inspecciones, autorizaciones sanitarias y procedimientos dispersos entre distintas entidades elevan los costos y desincentivan la formalización de miles de emprendedores.

Sícoli coincide en que el camino pasa por incorporar a más empresas y trabajadores al sistema formal. A su juicio, la ampliación de la base tributaria debe sustentarse en la formalización empresarial y laboral, permitiendo que más contribuyentes participen del sistema en lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.

El desafío del empleo formal y el salario mínimo

La relación entre salario mínimo e informalidad seguirá siendo uno de los temas más sensibles para la próxima administración.

Zilberman señala que el problema no radica necesariamente en el monto de la remuneración mínima, sino en el costo total que implica una contratación formal para una microempresa. Explica que las cargas laborales elevan significativamente el costo final de cada trabajador, una realidad especialmente difícil para negocios con pocos empleados y márgenes reducidos.

Por ello, plantea que cualquier incremento futuro de la remuneración mínima debería estar vinculado a indicadores objetivos como productividad, inflación y capacidad de absorción empresarial.

Sícoli aporta una mirada complementaria. Recuerda que más del 90% de las empresas del país son pequeñas o microempresas y que sus niveles salariales promedio son considerablemente menores a los observados en las grandes compañías. Asimismo, destaca las fuertes diferencias regionales en los ingresos laborales.

Desde su perspectiva, aumentos de la remuneración mínima pueden generar presiones adicionales sobre las pequeñas unidades productivas y afectar especialmente a los trabajadores jóvenes, cuyo ingreso promedio se ubica por debajo del salario mínimo vigente.

Productividad e informalidad: romper el círculo vicioso

Ambos especialistas coinciden en que la informalidad no puede combatirse únicamente mediante fiscalización o nuevas normas.

Zilberman describe un círculo vicioso en el que la baja productividad limita la capacidad de las empresas para asumir los costos de la formalidad, reduciendo a su vez el acceso al financiamiento y dificultando nuevas inversiones.

Para revertir esta situación, propone cuatro líneas de acción prioritarias: facilitar el acceso al crédito mediante fondos de garantía, ampliar la participación de las MYPE formales en las compras públicas, fortalecer la transferencia tecnológica a través de los CITE y simplificar radicalmente los trámites para formalizar una empresa.

El especialista considera que una verdadera ventanilla única digital podría reducir significativamente los costos y tiempos asociados a la formalización.

Sícoli pone el foco en el fortalecimiento de capacidades. Señala que se debe priorizar la capacitación empresarial, la formación técnica de los trabajadores, el acceso a plataformas digitales y la disponibilidad de financiamiento para adquirir tecnología y equipamiento productivo.

Sectores llamados a impulsar el crecimiento

Con un espacio fiscal limitado, los expertos consideran que la inversión privada será el principal motor de crecimiento durante los próximos años.

Para Zilberman, la minería y la infraestructura asociada mantienen el mayor potencial multiplicador. Sin embargo, advierte que numerosos proyectos continúan enfrentando conflictos sociales y dificultades para obtener licencia social. También destaca el potencial de la agroexportación, el turismo y las asociaciones público-privadas en infraestructura.

En todos estos casos, considera que la principal tarea del Estado es eliminar obstáculos regulatorios y generar condiciones que permitan acelerar las inversiones.

Sícoli coincide en la relevancia de sectores como agro, construcción, pesca, minería y transporte. Resalta que cada proyecto genera empleo directo e indirecto, dinamizando las economías locales y elevando los ingresos de las familias.

La economista sostiene que muchas de las barreras actuales están asociadas a procesos administrativos excesivamente complejos, por lo que una estrategia de simplificación y reducción de trámites podría tener efectos inmediatos sobre la inversión y el emprendimiento.

Las primeras señales que observarán los mercados

Los especialistas consideran que las expectativas serán determinantes durante los primeros 100 días de gobierno.

Para Zilberman, la señal más importante será la conformación del equipo económico. “La señal más poderosa que puede enviar un presidente en los primeros 100 días no es anunciar un megaproyecto ni convocar una cumbre económica: es nombrar bien”, sostiene.

Además, considera fundamental ratificar el compromiso con las reglas fiscales y respetar la autonomía de instituciones como el BCRP, la SUNAT, la SBS y el Indecopi.

Sícoli, por su parte, cree que las primeras acciones deberían concentrarse en combatir la inseguridad ciudadana, enfrentar la minería ilegal, mejorar los servicios de salud y avanzar en medidas concretas de simplificación administrativa y tributaria.

Más allá de quién resulte elegido, ambos expertos coinciden en que el próximo presidente enfrentará los mismos desafíos estructurales: consolidar las cuentas fiscales, elevar la productividad, reducir la informalidad y crear las condiciones necesarias para que la inversión privada sostenga el crecimiento económico. La diferencia estará en la capacidad de ejecutar reformas y transmitir confianza desde el inicio de su mandato.