Los terremotos registrados en Venezuela reactivó en el Perú la discusión sobre la capacidad de respuesta ante un eventual movimiento telúrico de gran magnitud. Especialistas advierten que la principal preocupación no se limita a la infraestructura, sino a las limitaciones en la planificación y gestión del riesgo por parte de los gobiernos locales y regionales, especialmente frente a escenarios de emergencia que requieren respuesta inmediata y articulada.
“81% de gobiernos locales no conoce su territorio”
Los gobiernos locales son, por ley y por lógica territorial, los principales responsables de identificar peligros, prevenir riesgos y proteger a la población. Sin embargo, en la práctica, esta función suele debilitarse por la falta de capacidades técnicas, planificación sostenida y continuidad en la gestión.
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El presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo del Colegio de Ingenieros, Freddy Morán, señaló en diálogo con ATV Noticias que una de las principales debilidades identificadas en el país es la falta de conocimiento técnico sobre el territorio por parte de las autoridades locales.
De acuerdo con el especialista, según los resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (ENAGER 2025), el 81% de los gobiernos locales no cuenta con un diagnóstico claro de su jurisdicción en materia de riesgos.
Esto implica, según explicó, que una mayoría de municipalidades no tiene plenamente identificadas las zonas de alta vulnerabilidad, ni los niveles de exposición de su población ante fenómenos como sismos, inundaciones o deslizamientos.
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En ese contexto, la gestión del riesgo de los municipios actuales termina, en demasiados casos, reducida a respuestas reactivas una vez ocurrido el desastre: entrega de sacos de arena, elaboración de informes de emergencia o declaratorias de urgencia, cuando el daño ya está hecho y las pérdidas humanas y materiales son irreversibles.

Esta lógica de intervención tardía no se explica únicamente por limitaciones presupuestales, sino también por la ausencia de planificación territorial, la alta rotación de funcionarios en los gobiernos subnacionales y la baja prioridad política que se asigna a la prevención dentro de la agenda pública.
Falta de enfoque integral en la gestión del riesgo
Morán advirtió que la gestión del riesgo en el país sigue siendo fragmentada y no incorpora un enfoque integral de “multipeligro”, a pesar de que el territorio peruano enfrenta simultáneamente diversas amenazas naturales.
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“Estamos en procesos de cambios de gestión, tanto a nivel nacional como local, y es fundamental entender que no solo hablamos de sismos. También estamos expuestos al fenómeno El Niño e incendios forestales”, indicó.
El especialista remarcó que la planificación territorial debería considerar de manera simultánea distintos escenarios de riesgo, evitando que las autoridades concentren sus esfuerzos únicamente en un solo tipo de amenaza.

Infraestructura y falta de actualización de datos
Uno de los puntos críticos señalados por Morán es la ausencia de información actualizada en los gobiernos locales para la toma de decisiones en materia de infraestructura.
El especialista sostuvo que muchos proyectos de inversión pública no incorporan evaluaciones de riesgo adecuadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de edificaciones, vías y servicios esenciales.
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Asimismo, advirtió que la falta de mantenimiento de infraestructura existente agrava el impacto potencial de un desastre natural, especialmente en sectores como salud, transporte y vivienda.
Escenario de alto impacto en Lima

Consultado sobre las posibles consecuencias de un sismo de gran magnitud en la capital, Morán estimó que Lima podría enfrentar más de 300 mil personas damnificadas en un escenario extremo.
El especialista recordó además antecedentes históricos que evidencian la alta peligrosidad sísmica de la costa central del país, como el terremoto de 1740, que estuvo acompañado de un tsunami que afectó severamente al Callao.
Llamado a la gestión preventiva

Morán enfatizó que la respuesta frente a un eventual desastre no debe depender únicamente de la reacción inmediata, sino de una planificación previa basada en evidencia técnica.
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En ese sentido, exhortó a los gobiernos locales a fortalecer sus capacidades técnicas, actualizar sus mapas de riesgo y priorizar la incorporación de criterios de seguridad en proyectos urbanos.
“La evaluación de riesgos debe ser parte de cada decisión de desarrollo urbano. No puede ser un elemento secundario”, sostuvo.
El especialista concluyó que la reducción de riesgos depende tanto de la planificación institucional como de la preparación de la ciudadanía frente a escenarios de emergencia.
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