
El Pleno del Congreso aprobó en primera votación homologar los ingresos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los de los jueces supremos de la Corte Suprema. De ratificarse en segunda votación y promulgarse la norma, los consejeros pasarán de ganar 35.017 soles a 47.820 soles al mes.
El texto sustitutorio fue aprobado con 67 votos a favor y 19 en contra. La segunda votación estaría a cargo de la Comisión Permanente toda vez que la sesión del miércoles 24 fue la última del Pleno.
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En caso de aprobarse la medida, el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que emitir un decreto supremo para fijar el nuevo sueldo, a propuesta de la JNJ.
El salario de los jueces supremos se compone de diversos conceptos, entre ellos bonificaciones y asignaciones vinculadas a la especialidad del cargo y el tiempo de servicio. Por ejemplo, existe una asignación por alta función jurisdiccional de 7.617 soles, además de un bono de 7.800 soles para quienes permanecen más de cinco años en el cargo, y otro bono de 11.700 soles otorgado por ley en 2018. A diferencia de los jueces supremos, los miembros de la JNJ no pueden reelegirse y dejan el cargo tras cinco años.
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El Congreso justifica este aumento de sueldo en que la Constitución sostiene que los miembros de la Junta tienen los mismos beneficios que los de un juez supremo. También se excusan en que los consejeros desarrollan funciones importantes como el nombramiento y control disciplinario de jueces supremos, además de la designación de las autoridades de la Reniec, ONPE y órganos de control del Poder Judicial y Ministerio Público.
Premio a la persecución
El aumento de sueldo de los miembros de la JNJ es, por decirlo menos, controversial. Desde su creación en 2020 en reemplazo del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), nunca se cuestionó los ingresos de los miembros.
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Además, la labor de la actual JNJ ha sido cuestionada por vulnerar la independencia de los jueces y fiscales, así como por blindar a magistrados con graves señalamientos, como Patricia Benavides.
En menos de dos años de gestión, los consejeros han sancionado arbitrariamente a diversos magistrados, considerados incómodos, como la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, el exfiscal provincial José Domingo Pérez, el exjuez superior Oswaldo Ordóñez.

Además, tiene en la mira a más magistrados por emitir fallos en su contra, como el juez constitucional Juan Torres Tasso, o por inaplicar leyes procrimen del Congreso, como el juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho.
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Recientemente, la JNJ abrió investigación preliminar contra los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria, la sala suprema que ve en últimas instancia los procesos que se tramitan bajo el Código de Procedimientos Penales, que son sobre todo procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo.
La denuncia cuestiona que los jueces supremos, entre los cuales se encuentra el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga, hayan inaplicado la ley que prescribe delitos de lesa humanidad en un caso vinculado a la política de esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori.
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