Congreso aprobó ley que formaliza la venta de huevitos de codorniz y de gallina en la vía pública en Perú

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 99 votos a favor, cero en contra y una abstención la formalización de la venta de huevos de codorniz en la vía pública en Perú, según informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento. La medida, respaldada por amplio consenso, establece requisitos mínimos para la comercialización ambulatoria de huevos de gallina y codorniz, tanto cocidos como pelados, en espacios públicos.

La presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra Saboya (bancada de Somos Perú), explicó ante los legisladores que la nueva norma crea un marco regulatorio específico para la venta de este producto, con el propósito de ordenar la actividad económica y garantizar condiciones de seguridad para quienes la ejercen. De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria, la iniciativa representa un avance en la organización del comercio ambulatorio y la protección de la salud pública.

El congresista Wilson Soto Palacios (bancada de Acción Popular), autor de la propuesta legislativa, destacó que la ley tiene un impacto directo sobre más de 7.000 madres de familia. “Son luchadoras y emprendedoras que, a partir de ahora, contarán con un marco legal que evita ser perseguidas por los fiscalizadores municipales”, afirmó Soto Palacios en declaraciones recogidas por la Oficina de Comunicaciones del Congreso. El parlamentario subrayó la importancia de ofrecer seguridad jurídica a quienes dependen económicamente de esta actividad.

Por su parte, Alejandro Cavero (bancada de Avanza País) sostuvo que la normativa aprobada permitirá a los comerciantes acceder a un proceso de registro, cumplir deberes y asumir obligaciones vinculadas a la limpieza y el uso adecuado del espacio público. “Este Parlamento apuesta por la formalización, por los emprendedores, por el orden y por el desarrollo de actividades que contribuyen a la sociedad”, expresó Cavero durante el debate, según detalló la fuente oficial.

Impacto en el comercio ambulatorio y declaraciones adicionales

La congresista Susel Paredes (bancada del Bloque Democrático Progresista) consideró que la norma facilitará la fiscalización y el control “con justicia y orden”, al tiempo que protege a quienes ejercen esta labor. “Este tipo de normas es fundamental para los pequeños emprendedores que tienen un pequeño capital”, remarcó Paredes durante la sesión plenaria.

El dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 4933/2022-CR, fue exonerado de segunda votación, lo que acelera su entrada en vigencia. La Oficina de Comunicaciones del Congreso subrayó que la regulación responde a la necesidad de modernizar el comercio informal y brindar oportunidades de desarrollo para quienes tradicionalmente han encontrado en la venta de huevos una fuente de ingreso.

Contexto y repercusión social

Según la información difundida por la entidad legislativa, la aprobación de esta ley se produce en un contexto donde el comercio ambulatorio constituye una parte significativa de la economía popular peruana. La formalización de la venta de huevos en la vía pública se presenta como un paso hacia la inclusión y el reconocimiento de derechos para miles de familias que dependen de este rubro.

La decisión del Congreso fue comunicada oficialmente el 23 de junio de 2026 y forma parte de un conjunto de medidas orientadas a promover la formalización y la seguridad en el comercio minorista, según reiteró la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento.

Otra ley con cola

El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación una ley que amplía la protección legal para policías y militares en Perú, trasladando la competencia de juzgar los delitos cometidos en cumplimiento de sus funciones desde el Poder Judicial al Fuero Militar Policial. La norma, impulsada por Fernando Rospigliosi, fue ratificada pese a la oposición de varios congresistas, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de reconsideración, según informó Infobae.

La ley dispone que toda acción ilícita atribuida a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante el cumplimiento de sus deberes, especialmente en estados de emergencia, será considerada delito de función y juzgada por tribunales militares. Como resultado, casos recientes de abusos, incluida la muerte de un menor en la comisaría de Manchay, ya no serán competencia del Poder Judicial. La norma también ordena archivar procesos similares en la jurisdicción civil donde no exista sentencia firme y deja sin efecto medidas de coerción y reparación civil para procesados bajo estos términos.