Roberto Sánchez señala que a una Asamblea Constituyente solo se puede llegar por el “camino democrático del referéndum”

A poco más de un día de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, volvió a poner en el centro del debate una de sus principales propuestas: impulsar una Asamblea Constituyente para promover cambios en la Constitución Política. En entrevistas ofrecidas la mañana de este viernes, tras el cierre de campaña del jueves por la noche, Sánchez insistió en que ese objetivo solo puede activarse por el “camino democrático” de un referéndum y no por una decisión unilateral del Ejecutivo.

La contienda enfrenta a Sánchez con la candidata de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en un escenario de polarización política y discusión sobre el rumbo institucional del país. En ese contexto, el postulante de Juntos por el Perú buscó precisar el mecanismo que, según su planteamiento, permitiría abrir un proceso constituyente con respaldo ciudadano.

En una entrevista radial en Exitosa, Sánchez sostuvo que la Asamblea Constituyente no se impondrá “por decreto”, sino que dependerá de una consulta nacional. Según explicó, ese referéndum tendría que ser aprobado por el Congreso, lo que ubica el debate en el terreno parlamentario y no únicamente en la voluntad del próximo Gobierno.

El referéndum como único método para abrir un proceso constituyente

Consultado sobre si los cambios constitucionales se harían por la vía parlamentaria o mediante una Asamblea Constituyente, Sánchez respondió que su posición es clara y que la ha “reafirmado” en el marco de acuerdos con otras fuerzas: la herramienta central debe ser el referéndum.

“El pueblo tiene derecho a recuperar su propia voz en los asuntos públicos”, sostuvo, y presentó la consulta como la “llave maestra” de la democracia participativa. En esa línea, definió que el “único método” para iniciar un proceso constituyente es preguntar a la ciudadanía si desea transitar ese camino.

Sánchez afirmó que la decisión no dependería solo de su eventual administración: “preguntarle a los treinta y cinco millones de peruanos si quieren caminar ese proceso”. Y planteó un compromiso de aceptación del resultado: si la ciudadanía responde afirmativamente, se avanzaría; si dice que no, aseguró que lo acatarán “con tesón democrático”.

Un argumento basado en brechas territoriales y ciudadanía incompleta

El candidato justificó su propuesta en lo que describió como un reclamo de sectores que, a su juicio, no se sienten representados por el Estado. Mencionó a “ese peruano quechua, aymara, amazónico” que percibe que el Estado no lo trata como ciudadano en igualdad de condiciones.

En su argumento, esa exclusión se expresa en la falta de presencia estatal en el territorio y en la persistencia de brechas de inversión pública vinculadas a salud, educación y otros servicios básicos. “Este Estado no llega a todos, no lo representa”, indicó, al sostener que la falta de derechos equivalentes debilita el respeto y la integración social.

Sánchez conectó esa lectura con la idea de un “nuevo pacto social” que, según dijo, debería cristalizar en una nueva Constitución. En su discurso, el proceso constituyente se plantea como un instrumento para enfrentar la discriminación, entendida en términos culturales, económicos, antropológicos, sexuales o religiosos.

Un “nuevo pacto social” y el mensaje a la segunda vuelta

En la parte final de su intervención, Sánchez sostuvo que el país requiere “después de más de treinta años” un acuerdo de base que prohíba la discriminación y amplíe derechos. También aludió a la etapa posterior a la dictadura fujimorista y cuestionó que haya existido una “transición democrática” en los términos esperados.

El mensaje busca instalar una definición política y procedimental a horas de la elección: para Juntos por el Perú, la Asamblea Constituyente es un objetivo “identitario”, pero condicionado a un referéndum y a la validación institucional que, según indicó, debe incluir la aprobación del Congreso. En la recta final de la campaña, Sánchez apostó por presentarlo como una ruta de consulta nacional y no como una imposición desde el poder.