El debate presidencial de hoy entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez marca un punto de inflexión en la campaña de la segunda vuelta. Ambos candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentan esta noche propuestas antagónicas en economía, generación de empleo e inseguridad ciudadana. La presión social por el alza del costo de vida, el desempleo y la criminalidad impone un contexto donde las demandas de empresarios y trabajadores por reglas claras y condiciones estables adquieren centralidad en la discusión pública.
Fuerza Popular propone crear 500.000 empleos formales hacia 2031 mediante un enfoque centrado en la atracción de inversión privada, la desregulación y la simplificación administrativa. De acuerdo con Punto Final, el plan se apoya en facilitar trámites estatales y ofrecer incentivos tributarios para la contratación de jóvenes, junto con compras estatales anuales de mil millones de soles dirigidas a pequeñas y microempresas.
En contraste, Juntos por el Perú apuesta por una mayor presencia estatal, la industrialización y la creación de cooperativas rurales financiadas con fondos públicos, además de la implementación de parques industriales regionales.
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Dos modelos para el empleo y la inversión
El informe se detalla que, para Fuerza Popular, la clave del crecimiento económico está en un "shock desregulatorio" que elimine trabas administrativas y promueva la formalización laboral. El partido de Keiko Fujimori también plantea reducir el déficit fiscal al 1% para 2031 y mantener incentivos fiscales focalizados.
Propuestas principales de Fuerza Popular en empleo:
- Simplificación de trámites para la formalización de empresas, con la promesa de inscripciones rápidas, incluso en un solo día.
- Compras estatales anuales de mil millones de soles para la pequeña y microempresa.
- Beneficios tributarios para empleadores que contraten jóvenes.
- Objetivo de reducir el déficit fiscal al 1% hacia 2031.

Por su parte, Juntos por el Perú defiende un cambio de paradigma económico, priorizando la industrialización nacional y la intervención estatal en sectores estratégicos. El plan incluye modificar el capítulo económico de la Constitución y estimular la producción local de bienes intermedios que actualmente se importan.
Propuestas principales de Juntos por el Perú en empleo:
- Industrialización mediante parques industriales regionales.
- Creación de nuevas cooperativas rurales con financiamiento estatal.
- Revisión de la Constitución para fortalecer la presencia del Estado en la economía.
- Apoyo a la producción nacional de bienes intermedios.

Voces empresariales y demandas ciudadanas
En los testimonios recogidos por Punto Final, empresarios como Pablo Hermosa, dedicado a la serigrafía, y Vanessa Ochoa, dueña de un taller de tapicería, describen un clima de incertidumbre por la falta de reglas estables y la volatilidad política. Ochoa, citada por el medio, señaló: “Está estancado. Ya no hay la misma demanda. Todos los clientes que tenemos no quieren invertir mucho porque no tiene las reglas claras o si no cambian presidente cada 8 o 10 meses”.
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La encuesta de Ipsos para el diario Perú 21 mostró que el costo de vida, el desempleo y la pobreza han incrementado su peso en la percepción ciudadana durante el último año. Las demandas más repetidas entre los entrevistados incluyen la formalización del empleo, condiciones seguras para acceder a un puesto laboral, transparencia y oportunidades para los jóvenes.
Desafíos fiscales y sostenibilidad de los planes
El debate sobre cómo financiar las propuestas ocupa un lugar central. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú enfrentan restricciones fiscales, agravadas por aumentos salariales previos aprobados en el Parlamento. Una de las fuentes consultadas por el programa valoró el compromiso con la responsabilidad fiscal, aunque advirtió que falta claridad respecto a los recortes de gasto necesarios.

Entre las críticas a las propuestas de Juntos por el Perú, una voz recogida en el informe afirmó que “es un plan del infierno textualmente porque es llevar al país a los 80”, mientras que el empleo sostenible, según esa posición, depende del sector privado y el Estado debe centrarse en salud, educación, protección social y seguridad. El mismo análisis advirtió que una mayor presencia estatal no garantiza valor agregado si las funciones públicas básicas no se cumplen adecuadamente.
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En semanas recientes, Keiko Fujimori ha anunciado bonos para los sectores más vulnerables y Roberto Sánchez ha sostenido la necesidad de aumentar el salario mínimo, pero el verdadero cuestionamiento viene si es que ambas propuestas podrán sostenerse a lo largo del tiempo considerando que implica desembolso de dinero.
Seguridad ciudadana: prioridades y estrategias
La inseguridad encabeza las preocupaciones nacionales, de acuerdo con la última encuesta de Ipsos Apoyo, en la que el 63% de la población considera la delincuencia el principal problema, seguida de la corrupción. El informe de Punto Final parte de hechos como el asesinato de Jorge Félix Vargas, conductor de transporte, en Lima; el asesinato del alcalde de 26 de Octubre en Piura, Víctor Febre Calle, ambos casos a manos de sicarios. Estos casos reflejan el impacto de la extorsión y el crimen organizado en la vida cotidiana.
Frente a este escenario, Fuerza Popular plantea fortalecer la Policía Nacional con tecnología avanzada, la construcción de penales de máxima seguridad y la ampliación de los juzgados de flagrancia. El plan incluye la adquisición de mil patrulleros inteligentes y la instalación de diez mil cámaras de seguridad a nivel nacional, junto con el bloqueo de señales móviles en las cárceles y la creación de megapenales.
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Ejes de la propuesta de Fuerza Popular para seguridad ciudadana:
- Implementación de tecnología de vigilancia interconectada.
- Construcción de penales de máxima seguridad y megapenales.
- Bloqueo de señales móviles en centros penitenciarios.
- Ampliación de juzgados de flagrancia y unidades policiales especializadas.
Carlos Basombrío, exministro del Interior, advierte que, sin cambios normativos, las medidas podrían quedar incompletas. “¿Qué voy a perseguir si tengo una ley que debilita la colaboración eficaz cuando se trata de lucha contra el crimen organizado?”, cuestionó el extitular del Mininter.
Reforma policial y trabajo territorial, la apuesta de Juntos por el Perú
Para Juntos por el Perú, la prioridad es una reforma integral de la Policía Nacional, enfocada en depurar la institución de elementos corruptos y fortalecer la inteligencia financiera. El programa propone rastrear cuentas y teléfonos de bandas criminales y potenciar las capacidades existentes en las unidades policiales especializadas.
Ejes de la propuesta de Juntos por el Perú para seguridad ciudadana:
- Reforma profunda de la Policía Nacional y depuración interna.
- Fortalecimiento de la inteligencia financiera y persecución del dinero ilícito.
- Trabajo territorial planificado con gobiernos locales.
- Participación ciudadana organizada a nivel distrital.
El análisis destaca que, para algunos expertos, el trabajo preventivo y la articulación con gobiernos locales son elementos distintivos del plan de Juntos por el Perú. Señalan además la importancia de la participación comunitaria y la acción directa en los distritos donde se concentran los problemas de deserción escolar, pandillas y crimen organizado.
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Coincidencias y diferencias ante el debate presidencial
Ambos partidos coinciden en la necesidad de un liderazgo político claro y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como prioridad nacional. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú plantean la recuperación de espacios públicos, el apoyo a juntas vecinales y la creación de plataformas digitales para denuncias y seguimiento de casos de extorsión. La diferencia principal reside en el modelo de intervención estatal y el alcance de las reformas propuestas.
Mientras la candidatura de Keiko Fujimori apuesta por el crecimiento a partir de la inversión privada, la reducción del déficit fiscal y un enfoque tecnocrático en seguridad, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú promueven una mayor intervención estatal, la reforma policial y el trabajo social territorial.
El debate presidencial de hoy 31 de mayo se convierte así en el escenario donde ambos modelos buscarán demostrar su viabilidad ante una ciudadanía que exige respuestas concretas frente a la inseguridad, el desempleo y la incertidumbre económica.
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