En Petroperú, avanzan dos procesos, a diferente ritmo, para impugnar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que encarga la reorganización patrimonial de la empresa a cargo de ProInversión, bajo una figura que es señalada por sindicatos y especialistas del sector como una privatización encubierta.
El problema está en que su eventual anulación podría también bloquear el rescate de 2.000 millones de dólares designado por el gobierno del presidente José María Blancazar.
El pulso judicial pone en jaque la reorganización de Petroperú
El primero de ellos corresponde al Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), que presentó su demanda de amparo a fines de enero de 2026 y fue admitida en febrero. Actualmente, se cumplieron los plazos para la contestación por parte de las entidades y funcionarios involucrados.
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El sindicato solicitó que se omita la audiencia, argumentando que se trata de un caso de puro derecho sobre la inconstitucionalidad del decreto, en base a contradicciones con la Constitución referentes a la reorganización de la empresa y a la estabilidad laboral.
El pedido fue admitido y el expediente ya se encuentra listo para sentencia. Se espera un pronunciamiento en los próximos 30 días hábiles, en el mejor de los casos.
Desde el sindicato hay confianza en que sus argumentos prevalezcan y en que, de obtener un fallo favorable, el decreto de la “privatización” quede sin efecto y se generen responsabilidades para los funcionarios que lo aplicaron.
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FENPETROL lleva el reclamo a los tribunales laborales
Paralelamente, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) ha presentado recientemente, en abril, una demanda de amparo contra el mismo Decreto de Urgencia N° 010-2025, con la diferencia de que esta acción se encuentra aún en etapa preliminar.
El juzgado la admitió a trámite el 25 de abril de 2026 y fijó audiencia única para el 5 de octubre de 2026. El pliego recoge demandas con similar tenor a las del STAPP.
Entre sus peticiones, FENPETROL busca la inaplicabilidad del decreto para sus afiliados, el cese de amenazas al empleo y la declaración de inconstitucionalidad de la transferencia de facultades empresariales de Petroperú a ProInversión.
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De acuerdo con el expediente, la acción de amparo se fundamenta en la presunta vulneración de derechos constitucionales y la existencia de medidas regresivas prohibidas.
El financiamiento de USD 2.000 millones, atado a la reorganización
No obstante, ambos procesos fueron presentados antes de la promulgación en mayo del Decreto de Urgencia N° 003-2026, el cual dispone un aval por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para que Petroperú pueda endeudarse nuevamente hasta por 2.000 millones de dólares con la banca privada y así comprar crudo para la refinería de Talara.
Este financiamiento está atado a la vigencia y aplicación efectiva del control estatal sobre la petrolera establecido por el decreto que ahora está a la espera de un fallo en tribunales: es decir, cualquier intento de revertir la reorganización podría bloquear el acceso a los fondos.
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Recientemente, el directorio encabezado por Edmundo Lizarzaburu resistió la entrega de información gerencial a ProInversión y defendió la autonomía institucional. Esta posición cambió tras la presión dy la condición de acceso al financiamiento, tras lo cual se comprometieron a colaborar con el gobierno y aceptar la intervención.
La resolución de estos procesos judiciales determinará el futuro de la petrolera estatal, el alcance del esquema de rescate financiero y el margen de maniobra del Estado sobre la gestión de empresas públicas en reorganización.
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