
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú publicó este 18 de mayo un comunicado oficial en el que negó cualquier intención de presentar demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso que otorgan mejoras remunerativas y beneficios a los trabajadores del sector público, incluidos los contratos CAS. La postura del Ejecutivo surge en medio de la controversia sobre la reciente ley que extiende la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios.
Según el documento difundido por el MEF, la cartera encabezada por José Arista Arbildo reafirmó su respeto irrestricto a los derechos laborales del sector público y a los espacios de diálogo y negociación colectiva previstos en la Constitución y la legislación nacional. El ministerio puntualizó: “No tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, en línea con lo recogido en el comunicado fechado en Lima.
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El MEF destacó la importancia de la labor que desempeñan los trabajadores públicos e insistió en su disposición a mantener un diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales. Esta apertura, según la cartera, se enmarca en la negociación colectiva centralizada y los espacios institucionales correspondientes, como lo ha reportado anteriormente Infobae.
En la misma línea, el ministerio comunicó que continuará evaluando junto a los sectores involucrados mecanismos responsables y sostenibles para avanzar en la mejora de las condiciones de los servidores públicos. El texto resalta la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país al buscar cualquier avance progresivo en materia laboral.
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El MEF reiteró su “disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto, en el marco del respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad fiscal”. La posición oficial se produce después de que la cartera analizara acudir al Tribunal Constitucional para frenar la ley que extiende la CTS y gratificación a los CAS.
La aclaración del ministerio busca responder a la preocupación de sindicatos y trabajadores estatales respecto a posibles acciones legales que afecten la vigencia de los recientes beneficios aprobados por el Congreso. El debate sobre la viabilidad fiscal de la medida y su impacto sobre el presupuesto público sigue en curso, mientras las autoridades económicas priorizan la sostenibilidad y el diálogo social.
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Se hizo ley
El 23 de marzo pasado, el presidente José María Balcázar promulgó la Ley 32563, una normativa que marca un hito en la administración pública peruana al otorgar formalmente el derecho a gratificaciones anuales y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo 1057). Esta medida busca eliminar la desigualdad histórica entre los servidores públicos, permitiendo que quienes laboran bajo esta modalidad reciban dos gratificaciones equivalentes a un sueldo completo en julio y diciembre, además de una CTS acumulable calculada sobre el 100% de su remuneración mensual por cada año de servicio.
La implementación de esta ley establece que el pago de la CTS se hará efectivo únicamente al finalizar el vínculo laboral del servidor con la entidad, funcionando como un respaldo económico ante el cese. Respecto al financiamiento, la norma precisa que los beneficios serán cubiertos con el presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Con esta rúbrica, el Ejecutivo reafirma su compromiso de fortalecer los derechos laborales en el Estado, consolidando la estabilidad de los contratos indeterminados y dignificando las condiciones de miles de trabajadores CAS a nivel nacional.
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