Sobreviviente de la masacre en Colcabamba contradice su primera versión: “Me amenazaron para decir que llevaba droga”

La versión de uno de los sobrevivientes del operativo militar en Huancavelica introduce nuevas dudas sobre lo ocurrido la madrugada del 25 de abril en el distrito de Colcabamba, en el VRAEM. El caso involucra la muerte de cinco personas tras una intervención del Ejército contra un vehículo civil, en un contexto marcado por operaciones contra el narcotráfico.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un nuevo registro difundido por Epicentro presenta una versión distinta, en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

El cambio de relato se suma a los cuestionamientos planteados por la defensa de las víctimas, que pone en duda la legalidad de la intervención militar y la validez de las primeras diligencias. Las circunstancias en las que se produjeron los disparos, así como la ausencia de evidencias materiales en la escena, forman parte de los puntos en discusión.

Nueva declaración del sobreviviente

En el registro reciente, Acuña Quispe sostiene que fue obligado por efectivos militares a incriminarse. “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión actual, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención.

Acuña explicó que logró descender del vehículo durante el ataque y se ocultó por temor. Posteriormente, decidió entregarse cuando observó la presencia de una patrulla. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, señaló.

Tras la intervención, el sobreviviente brindó una primera declaración en la que afirmó participar en el traslado de droga junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas. “Nos contrataron para cargar droga. Éramos como 50 personas”, sostuvo en ese momento.

Según ese testimonio, el traslado se realizó a pie durante dos días a través de rutas agrestes, con una carga de trece kilos en una mochila. El documento fiscal, citado por ATV, indica que el grupo recibió un pago de 1.300 soles tras completar el recorrido.

No obstante, la defensa legal de los familiares de las víctimas cuestiona las condiciones en las que se obtuvo esa declaración. El abogado de los deudos calificó la confesión como “un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos”.

El nuevo relato de Acuña refuerza estas objeciones, al señalar que su primera versión no fue voluntaria. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas”, afirmó.

El operativo militar y las inconsistencias

El operativo del 25 de abril se desarrolló en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con el parte policial, la intervención respondió a información de inteligencia sobre una camioneta que trasladaría droga en el área.

Durante la acción, una patrulla del Ejército realizó alrededor de 60 disparos contra el vehículo en el que viajaban ocho personas. Como resultado, cinco murieron y dos resultaron heridas.

A pesar de la hipótesis inicial de un enfrentamiento con presuntos delincuentes, en la escena no se encontraron drogas ni armas. Este dato fue señalado por la defensa de las víctimas como un elemento que contradice la versión oficial.

Los familiares de los fallecidos sostienen que los ocupantes del vehículo eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol. Esta afirmación se contrapone con la versión inicial de Acuña, que los vinculaba con una red de transporte ilegal.

Elementos adicionales en la investigación

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era de nacionalidad colombiana y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas. Según la autoridad, el extranjero se encontraba en el país en situación migratoria irregular.

Este dato introduce un nuevo elemento en la investigación, aunque no resuelve las interrogantes sobre el desarrollo del operativo ni sobre la identidad y actividades del resto de los ocupantes del vehículo.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades fiscales, mientras persisten versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La nueva declaración del único sobreviviente que se entregó tras el ataque reconfigura el escenario inicial y añade presión sobre el esclarecimiento de los hechos.