En un contexto de alta tensión política y técnica tras la jornada de las Elecciones 2026, llevada a cabo el pasado domingo 12 de abril, el escenario jurídico peruano suma un nuevo capítulo.
Seis abogados y abogadas han interpuesto una demanda de amparo preventiva ante el Juzgado Constitucional de Lima, con el objetivo de impedir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convoquen a elecciones complementarias exclusivamente en la capital. El recurso legal sostiene que realizar una nueva votación segmentada vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley y la autenticidad del sufragio.
Edison Felix Tito Peralta, Ayme Mayumy Huaman Palomino, Diana Paola Baquerizo Baquerizo, Luis Angel Islachin Sánchez, Patricia Aybar Mallqui y Sol Giuliana Gamero León son los firmantes de este documento que busca poner un “freno de mano” judicial a una posible decisión de las autoridades electorales.
Según el petitorio, existe una amenaza cierta e inminente de que se pretenda materializar un proceso electoral restringido solo a Lima, lo cual rompería la estructura de la democracia participativa en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Igualdad en las urnas
La pieza central de este conflicto jurídico reside en la interpretación del artículo 2 de la Constitución. Los demandantes argumentan que otorgar una “segunda oportunidad” de sufragar únicamente a los electores de Lima instauraría un trato privilegiado y discriminatorio frente al resto del país.
Para los juristas, el sistema electoral debe garantizar que las votaciones sean una expresión auténtica y espontánea de la ciudadanía en su conjunto, sin alteraciones extraordinarias que fragmenten el voto nacional.
El escrito también pone el foco sobre la reciente inestabilidad en los organismos electorales. Se menciona específicamente la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la posterior formalización de su vacancia, hechos que han generado un clima de incertidumbre sobre la logística y la transparencia del proceso.
Los abogados adjuntan como respaldo un pronunciamiento de exdefensores del Pueblo, quienes advierten que cualquier medida que implique reabrir o alterar el acto electoral afecta gravemente la confianza pública y la legitimidad de los resultados ya expresados.
Medidas cautelares y el riesgo de daño irreparable
Más allá de la cuestión de fondo, la demanda incluye una medida cautelar de no innovar. Esta figura legal funciona como un escudo temporal: solicita al juez que ordene al JNE y a la ONPE abstenerse de emitir cualquier resolución orientada a organizar estas elecciones complementarias mientras se resuelve el proceso principal.
La intención es evitar un “daño irreparable” en los derechos políticos de los ciudadanos, argumentando que una convocatoria de este tipo produciría un impacto inmediato difícil de revertir posteriormente.
El documento es enfático al señalar que no se busca revisar el cómputo de votos ni cuestionar proclamaciones ya realizadas, sino proteger la seguridad jurídica.
En términos sencillos, los demandantes plantean que las reglas de juego no pueden cambiarse a mitad del partido ni aplicarse de forma distinta según el territorio.
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