
La respuesta judicial frente a los delitos de secuestro en el norte del país suma un nuevo episodio con la reciente sentencia dictada en Trujillo. El caso, que involucró a una estudiante universitaria, expone la forma de operar de organizaciones criminales en la región La Libertad y el nivel de planificación que alcanzan estas acciones delictivas.
El proceso judicial se desarrolló a partir de una investigación fiscal que reunió elementos suficientes para sustentar la acusación. La intervención de distintas instituciones permitió esclarecer los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada en las inmediaciones de su vivienda. El caso generó atención debido a la violencia empleada y al monto exigido como rescate.
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El fallo judicial establece responsabilidades concretas para los implicados, en un contexto marcado por el incremento de delitos vinculados a la extorsión y el secuestro. La resolución también pone en evidencia los mecanismos utilizados por las bandas criminales para ejecutar este tipo de acciones.
Sentencia contra integrantes de “Los Pulpos”

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo impuso 30 años de pena privativa de la libertad a Judith Katherine Cruz Arce, Brayan Ronald Rodríguez Vásquez y Rubén Junior Vega Castillo. En el mismo proceso, María de los Ángeles Abanto de la Cruz recibió una condena de 20 años de prisión.
Todos los sentenciados fueron considerados coautores del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado en agravio de Krisstell Denisse Cotrina Cruz. La resolución judicial se sustentó en los elementos presentados durante el juicio oral, que incluyeron testimonios, pericias e informes documentales.
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El Ministerio Público detalló que la investigación permitió demostrar la participación directa de los acusados en la ejecución del delito. La acusación fiscal se centró en evidenciar la coordinación entre los implicados y la distribución de funciones durante el secuestro.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo diseñó la estrategia probatoria que sustentó la acusación. Durante el juicio se presentaron más de veinte testimonios, además de pericias técnicas e informes que permitieron reconstruir los hechos.
Según la información oficial, las pruebas expusieron una planificación detallada, así como el seguimiento previo a la víctima. Estos elementos resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados más allá de toda duda razonable.
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El Ministerio Público señaló en su pronunciamiento: “La Fiscalía planteó la estrategia probatoria que permitió acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los sentenciados”. Esta declaración forma parte del reporte institucional difundido tras conocerse la sentencia.
Secuestro y rescate de la víctima
Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada al salir de su domicilio en la urbanización Alto Mochica. De acuerdo con la investigación, los delincuentes utilizaron armas de fuego para ejecutar el secuestro.
La joven fue trasladada en vehículos con placas falsas hacia un inmueble ubicado en el distrito de Huanchaco, donde permaneció retenida. La operación incluyó acciones previas de reglaje y vigilancia, según lo expuesto durante el proceso judicial.
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El rescate se produjo al día siguiente gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La intervención permitió ubicar el lugar de cautiverio y liberar a la víctima con vida.
Tras el secuestro, los implicados abandonaron el vehículo utilizado para el traslado en la parte alta del distrito de La Esperanza. El automóvil fue incendiado, lo que motivó la alerta de vecinos de la zona, quienes informaron a la Policía Nacional.
El propietario del vehículo se presentó posteriormente y declaró que la unidad había sido robada semanas antes del incidente. Este elemento fue incorporado a la investigación como parte del análisis de los recursos logísticos empleados por la organización.
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La Policía identificó a la víctima como una estudiante de Psicología de 19 años. Según información difundida por autoridades policiales, los responsables del secuestro establecieron contacto con los familiares para exigir un rescate de cinco millones de dólares. Este dato fue proporcionado por el coronel Víctor Revoredo, jefe policial contra la criminalidad en Trujillo.
Contexto de criminalidad en Trujillo
El caso se enmarca en una serie de delitos relacionados con extorsión y secuestro que se registran en la ciudad de Trujillo. Las autoridades han advertido sobre la presencia de organizaciones criminales que operan bajo esquemas similares.
En su pronunciamiento, el Ministerio Público indicó: “En una firme demostración de lucha contra el crimen organizado, el Ministerio Público (…) obtuvo una contundente sentencia condenatoria contra integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, responsables de un violento secuestro agravado”.
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El mismo comunicado agrega que este resultado responde a la acción coordinada entre instituciones encargadas de la persecución del delito, en un escenario donde los casos de secuestro mantienen presencia en la región.
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