Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”

El primer ministro Luis Enrique Arroyo Sánchez confirmó la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, en un comunicado donde enfatizó que la operación responde a “compromisos de defensa nacional” previamente asumidos y busca evitar “penalidades contractuales onerosas” que podrían afectar la imagen del país. Arroyo Sánchez remarcó la obligación de cumplir con plazos y contratos ya firmados.

“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, se lee en el comunicado difundido por la Cancillería.

La postergación de la adquisición implica un riesgo financiero sin precedentes: el programa de compra de 24 aeronaves F-16 Block 70 está valorado en USD 3.500 millones, y el primer contrato, suscrito el 20 de abril, estipulaba un desembolso inicial de USD 2.000 millones antes de la fecha límite del 22 de abril. La negativa presidencial a autorizar el pago activó la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, además de la advertencia pública de Estados Unidos sobre posibles sanciones.

Arroyo Sánchez sostuvo que el “interés del país” y el mandato constitucional exigen dotar a las Fuerzas Armadas de capacidad operativa y fortalecer la defensa nacional, en consonancia con lo acordado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. La ratificación del contrato contempla no solo la modernización del equipo militar, sino también la credibilidad internacional de Perú como socio estratégico.

Primer ministro reafirma compra de F-16 como prioridad

Luis Enrique Arroyo Sánchez argumentó públicamente que la compra de los aviones F-16 Block 70 es una respuesta directa a los “compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional” y al cumplimiento de acuerdos asumidos ante el Congreso y la población. En un comunicado difundido el 22 de abril por la Cancillería, el premier subrayó que la adquisición se basa en la decisión estratégica adoptada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), máxima instancia para este tipo de decisiones en el ámbito militar.

El contrato, firmado el 20 de abril en la Base Aérea de Las Palmas, preveía la entrega de 12 aeronaves —diez F-16C monoplazas y dos F-16D biplazas— por USD 1.540 millones, junto con equipos de apoyo, armamento, repuestos y capacitación. El paquete de Lockheed Martin incluía además un convenio de compensaciones industriales con transferencia tecnológica, coproducción de drones y certificación de capacidades de mantenimiento para la Fuerza Aérea peruana. La versión seleccionada por Perú, el F-16 Block 70, cuenta con sistemas digitales avanzados, electrónica de guerra de última generación y radar APG-83 AESA, posicionándola como “la configuración más moderna jamás producida”.

Arroyo Sánchez señaló que postergar la operación no solo significaría incumplir el contrato y exponerse a penalidades económicas, sino dejar en suspenso la modernización de la Fuerza Aérea, cuya actual flota de Mirage y Sukhoi supera los 35 años de servicio. Además, enfatizó: “Venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato”, y advirtió que el país podría ser sancionado financieramente y perder credibilidad internacional si decide no honrar los acuerdos firmados.

El comunicado refuerza el carácter prioritario de la operación militar, aunque también reconoce la obligación paralela del Ejecutivo para cerrar “las brechas de desigualdad social”. Arroyo Sánchez declaró que el fortalecimiento de la defensa nacional y la atención social son complementarios dentro de la política de Estado trazada durante este gobierno de transición.

Crisis institucional por paralización de adquisición de aviones F-16

La decisión del presidente José María Balcázar de suspender la adquisición de los F-16 precipitó una crisis política y diplomática inédita en Perú. La medida, ejecutada justo el día límite para la transferencia del primer pago, detonó la dimisión de altos ministros y generó críticas de organizaciones empresariales, militares y diplomáticas. El presidente Balcázar justificó la postergación citando el “alto endeudamiento” y la necesidad de que el próximo gobierno “sopesara la conveniencia” de la compra, pero la falta de transparencia y coherencia con decretos previamente firmados generó dudas sobre la gobernabilidad.

La embajada de Estados Unidos, representada por Bernie Navarro, señaló en la red social X que Estados Unidos utilizará “todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y la región” si se comprueba mala fe en las negociaciones. Esta advertencia fue interpretada localmente como la antesala de posibles sanciones económicas y represalias diplomáticas.

El contrato de compra y los acuerdos bilaterales habían sido validados por el Congreso, el Ministerio de Defensa y la Contraloría General, según testimonios oficiales. La parálisis institucional dejó en suspenso la modernización del Grupo Aéreo N° 4 en Arequipa y puso en riesgo la transferencia de tecnología estratégica, incluida la cesión de un avión cisterna Boeing KC-135R valorado hasta en USD 50 millones sin costo adicional. Cuando la operación parecía inminente, la suspensión presidencial tuvo repercusiones durante el proceso electoral y bajo presión tanto interna como externa.