
Dos pedidos desde el Congreso exigen a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pronunciarse de forma urgente sobre la viabilidad de la Marcha del Orgullo 2026, pues la comuna no ha dado respuesta al colectivo organizador desde noviembre del año pasado, pese a que el evento se lleva a cabo desde hace dos décadas y constituye la mayor movilización del país.
La congresista Susel Paredes remitió un oficio al alcalde Renzo Reggiardo, en el que solicita “informar de manera detallada (...) las razones que han motivado la falta de pronunciamiento expreso respecto de dicha solicitud presentada” por los promotores, en relación a la definición de rutas para la movilización y las acciones para “garantizar su atención oportuna conforme a ley”.
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Paredes solicitó al despacho municipal, además, “informar el estado actual del expediente administrativo (...) precisando las actuaciones realizadas, áreas intervinientes y decisiones adoptadas desde su presentación hasta la fecha”, así como “indicar las razones jurídicas y administrativas que justifican la ausencia de un pronunciamiento expreso respecto de la solicitud presentada”.
De forma paralela, la congresista Ruth Luque también requirió una respuesta de la autoridad municipal en otro oficio, donde, al igual que su colega, pidió información sobre las razones para no responder oportunamente a la solicitud formulada para la realización del evento.

La semana pasada, Paredes hizo una gestión similar ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien instó a que “se reitere el pedido de información a la Municipalidad”. Este requerimiento tampoco ha recibido respuesta.
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Según documentos a los que accedió Infobae Perú, el colectivo informó a Reggiardo, sucesor del actual aspirante presidencial Rafael López Aliaga, que ya comenzó los preparativos para el evento y solicitó una reunión de coordinación, adjuntando dos propuestas de recorrido.
Pese a estos pedidos, la MML no ha dado una respuesta oficial y únicamente indicó que el documento se encuentra “en evaluación”. El equipo promotor, por su parte, envió otra carta reiterando su disposición al diálogo.

“Todo esto obstaculiza la planificación, genera contratiempos y, sobre todo, evidencia una homofobia municipal que viene desde la gestión de López Aliaga. No es posible que durante cinco meses una carta no sea respondida”, manifestó a este medio el vocero del colectivo, Jorge Apolaya.
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El representante señaló que el trámite permanece estancado en la Subgerencia de Movilidad Urbana, cada año se presentan nuevas trabas burocráticas al evento y esta omisión vulnera el derecho a la reunión pacífica, pues “ningún trámite burocrático puede estar por encima del derecho a la manifestación”.
“La municipalidad hace un uso abusivo solamente con el colectivo de la Marcha del Orgullo cada año para tratar de poner todas las trabas posibles y tratar de colocar lo reglamentario por encima del derecho ciudadano. Esto es inadmisible aquí o en cualquier lugar del mundo”, agregó.
La Constitución protege los derechos de reunión, expresión e igualdad, el derecho internacional exige la protección de grupos discriminados y la jurisprudencia prohíbe restricciones arbitrarias, por lo que las autoridades están “obligadas a garantizar la realización segura y efectiva” de la marcha.
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