Alfonso López Chau cuestiona a la JNJ por aceptar renuncia de Piero Corvetto: “Es allí donde está el verdadero fraude”

Alfonso López Chau, excandidato a la presidencia y líder de Ahora Nación, cuestionó públicamente la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). López Chau advirtió que ‘aceptar una renuncia que la ley prohíbe’ abre la puerta a “una maniobra antidemocrática”, señalando el impacto que esta resolución podría tener en la legalidad y legitimidad del proceso electoral peruano, que atraviesa un momento crítico en medio del escrutinio de resultados y preparativos para la segunda vuelta.

El pronunciamiento de López Chau llega luego de una serie de incidentes logísticos durante la jornada electoral del 12 de abril que provocaron retrasos inéditos en centros de votación de Lima, la apertura de locales un día después y la apertura de investigaciones por presunta colusión. Además, ocurre en un contexto de fuerte agitación: sectores liderados por Rafael López Aliaga han denunciado fraude y promovido movilizaciones, lo que intensifica la tensión institucional y ciudadana sobre la legitimidad del proceso.

En la tercera semana de abril, la decisión de la JNJ de aceptar la renuncia de Corvetto y declarar vacante el cargo fue oficializada mediante la Resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ. Este acto administrativo no suspende la investigación preliminar en curso sobre las irregularidades de la jornada electoral bajo responsabilidad de Corvetto, quien había sido designado en 2020 y ratificado para un segundo período en 2024, según la propia JNJ. La notificación fue remitida, en el mismo acto, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

López Chau denuncia ilegalidad en aceptación de renuncia

A través de sus redes sociales, Alfonso López Chau afirmó: "aceptar una renuncia que la ley prohíbe y empujar elecciones complementarias sin sustento legal ni constitucional es abrirle la puerta a una maniobra antidemocrática", y añadió: “allí está el verdadero fraude, rompiendo los principios de igualdad de información para el sufragio y simultaneidad del voto”.

El exaspirante presidencial polemizó también sobre la motivación política detrás de esta decisión, aduciendo en su declaración que “el pacto mafioso quiere una presidencia definida solo entre sus candidatos y lamentablemente hay falsos ‘demócratas’ que hoy están ayudando a hacerlo posible”. Según López Chau, esta situación socava los principios democráticos, los cuales afirmó defender desde su partido Ahora Nación, distanciándose de cualquier cálculo político.

El núcleo de la denuncia de López Chau se centra en la supuesta violación de la ley al aceptar la renuncia de Corvetto, señalando el riesgo de alterar el cronograma y el marco legal electoral, así como de habilitar maniobras que puedan incidir ilegítimamente en la definición de las opciones presidenciales para la segunda vuelta.

Renuncia de Piero Corvetto y decisión de la Junta Nacional de Justicia

El 12 de abril, la ONPE enfrentó graves contratiempos: la falta de material electoral retrasó el inicio de la votación hasta cinco horas en numerosos colegios de Lima y forzó la inédita reapertura de trece locales un día después para que 52.000 electores pudieran ejercer el sufragio, según la JNJ.

En su carta dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, Piero Corvetto sostuvo que los “problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral” le impedían continuar en el cargo, por lo que consideró “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, con el objetivo de que la segunda vuelta se desarrolle en “un contexto de mayor confianza ciudadana” en la ONPE.

Corvetto, al formalizar su salida, reiteró su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones en curso tanto en la Fiscalía como en la JNJ y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resaltando: “Como servidor público no basta con actuar de acuerdo con ley (…) lo más importante es que (…) pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”.

La resolución de la JNJ, adoptada por unanimidad, comunicó la vacancia inmediatamente a las entidades del sistema electoral y precisó que la investigación preliminar sobre Corvetto –por presunta colusión vinculada a las irregularidades logísticas– no se ve afectada por su dimisión.

Fallos logísticos y movilizaciones impulsadas por Rafael López Aliaga

Las irregularidades del 12 de abril no solo desencadenaron la renuncia de Piero Corvetto, sino que también abrieron una brecha de confianza en el proceso post-electoral. De acuerdo con la JNJ, incidentes como el extravío de cajas de votos durante el traslado y su posterior hallazgo en medios de comunicación aumentaron el escepticismo entre actores políticos y ciudadanos.

En este ambiente, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular y exalcalde de Lima, pasó a liderar las denuncias de supuesto fraude, solicitando la nulidad de los comicios y proponiendo la realización de elecciones complementarias. López Aliaga ha calificado públicamente a Corvetto de “criminal” y ha exigido su detención inmediata, alimentando así la polarización en torno al proceso.

Actualmente, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y López Aliaga disputan voto a voto el pase a la segunda vuelta para enfrentarse a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien obtuvo el mayor caudal electoral con 17 % de los votos válidos, según la JNJ. La cercanía de la fecha para la segunda vuelta, fijada para el 7 de junio, y el inicio prematuro de los preparativos refuerzan la incertidumbre respecto a la conducción y transparencia del proceso electoral.

Las movilizaciones y los reclamos derivados de los fallos logísticos han colocado a las instituciones electorales bajo un fuerte escrutinio público, reforzando la relevancia de la crisis institucional desatada por la renuncia y el posterior debate sobre la legalidad de su aceptación.