Rafael López Aliaga asegura que hubo fraude electoral y exige elecciones complementarias. Durante la denominada “Marcha de la Democracia”, que convocó para el domingo 19 de abril con el fin de “defender los votos”, el candidato presidencial volvió a recurrir a la violencia sexual para sostener su narrativa.
López Aliaga señaló que, debido a la demora en la instalación de mesas y a que se escogieron lugares alejados como locales de votación, alrededor de 1 millón de peruanos no pudieron participar en los comicios.
Muy al contrario de su intención y la de su partido de anular votos, López Aliaga reconoció que este es un derecho fundamental del ciudadano que ha sido violado. En ese sentido, hizo una invocación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que convoque a elecciones complementarias, dado que varios peruanos han “sido violados”.
“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias. Los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”, expresó.
La marcha inició en el Campo de Marte y el estrado donde se presentó Aliaga, junto a otros candidatos de su partido, fue instalado en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María. Alrededor de 50 efectivos de la Policía Nacional del Perú custodiaron a los manifestantes.
RLA amenaza a Burneo
Con un tono amenazante, López Aliaga se dirigió a Roberto Burneo y le exigió la convocatoria a elecciones complementarias.
“No sabe con quién se ha metido”, expresó.
Cabe señalar que no es la primera vez que el candidato de Renovación Popular hace referencia a la violencia sexual y amenaza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En uno de sus primeros mítines convocados, cuando el conteo rápido dejó de favorecerlo, amenazó con “meterle todo el plan Morrocoy” para que “se haga hombre”.
“Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones, le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, exclamó.
Ofrece dinero a cambio de pruebas
El ofrecimiento de una recompensa de hasta 20.000 soles por parte de Rafael López Aliaga a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, a cambio de pruebas sobre un supuesto fraude electoral, ha encendido las alertas en el ámbito jurídico y político. Especialistas coinciden en que esta conducta encuadra en el delito de cohecho, tipificado en el artículo 397 del Código Penal, que sanciona no solo la entrega, sino también la promesa de beneficios a funcionarios públicos.
Los abogados Luis Vargas Valdivia, Roberto Pereira y Julio Arbizu advirtieron que basta con el ofrecimiento para configurar el ilícito, incluso si el mensaje fue posteriormente eliminado. En la misma línea, el excongresista Sergio Tejada remarcó que cualquier funcionario con evidencias de fraude tiene la obligación de denunciarlas sin incentivos económicos, y que ofrecer dinero para influir en sus actos constituye un delito.
Desde el plano político, la congresista Ruth Luque sostuvo que la iniciativa busca “comprar conciencias” y desestabilizar el proceso electoral, mientras que la exministra Anahí Durand cuestionó el uso del dinero como herramienta política. Tras las críticas, Renovación Popular pidió canalizar denuncias de irregularidades mediante un correo electrónico.
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