El Senado como escudo ante la disrupción económica

Por primera vez en más de 30 años, el Perú llega a una segunda vuelta con un Senado electo. Ese detalle institucional, opacado por el ruido electoral, puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio. Frente a candidaturas que plantean rupturas sustantivas con el modelo económico —como la de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú—, el retorno de la cámara alta es el mecanismo de contención más relevante que el país ha incorporado a su arquitectura institucional en décadas.

El retorno de la bicameralidad se dio dentro de un ciclo marcado por inestabilidad política, fragmentación parlamentaria creciente y aprobación sistemática de leyes populistas que carecían de un mínimo estándar de calidad regulatoria. En ese periodo el Legislativo se puso de acuerdo para designar y remover a altos funcionarios, aprobar reformas constitucionales y usar mecanismos de control con mayorías que no guardaban relación con la estabilidad del país.

En el Perú, reorganizar el Congreso en dos cámaras introduce un freno interno que el Legislativo nunca tuvo en el ciclo unicameral. La nueva estructura asigna al Senado el rol de cámara revisora con poderes asimétricos: puede ratificar, modificar o archivar lo aprobado por Diputados, sin que exista mecanismo de reenvío en caso de desacuerdo. La última palabra, en la práctica, la tiene el Senado. Esa asimetría es precisamente lo que convierte a la cámara alta en un freno efectivo frente a legislación disruptiva o nombramientos de autoridades en instituciones autónomas.

El análisis de Videnza sobre las propuestas económicas de los eventuales candidatos a segunda vuelta es contundente respecto a Juntos por el Perú: sus planteamientos suponen un quiebre significativo con el marco económico vigente. La propuesta incluye modificar la conducción del Banco Central de Reserva (BCR), utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social, nacionalizar el gas de Camisea, renegociar contratos de concesión y asumir un rol estatal directo en sectores considerados estratégicos.

Frente a este eventual escenario, las atribuciones del nuevo Senado ofrecen varios mecanismos de contención concretos. Por ejemplo, el Senado ratifica la designación del presidente del BCR por mayoría absoluta de sus miembros, y puede remover a sus directores por falta grave. Esto significa que cualquier intento de intervenir la política monetaria —uno de los pilares del modelo económico peruano— encontraría un filtro institucional de 41 votos. En un Congreso fragmentado, reunir esa mayoría para un cambio de conducción heterodoxo sería extraordinariamente difícil. A la fecha, las proyecciones señalan que la futura composición del Senado estaría dominada por partidos de derecha y centristas que evitarían que se patee el tablero, resguardando entidades clave en la conducción económica del país.

El Senado también aprueba los tratados internacionales y ejerce control sobre los decretos legislativos y de urgencia del Ejecutivo, pudiendo modificarlos o derogarlos. Esto limita la capacidad de un Gobierno de actuar por decreto en materias económicas sensibles sin pasar por el escrutinio parlamentario.

Por último, la reforma eleva el umbral para aprobar leyes por insistencia, exigiendo mayoría absoluta en ambas cámaras. En el Congreso anterior, esta fue una de las vías más utilizadas para imponer legislación con impacto fiscal adverso. El nuevo diseño hace más difícil que un Ejecutivo con agenda heterodoxa logre aprobar por insistencia normas que el Senado haya modificado o archivado.

Pero, el Senado no es una garantía absoluta. Si el electorado que lleva al poder a un candidato rupturista también asegura mayorías legislativas afines en ambas cámaras, el contrapeso se diluye. Con suerte, la bicameralidad actuará como un paliativo que podría mejorar las cosas o limitar los mayores atropellos, en espera de reformas complementarias que la potencien.

Sin embargo, en una elección tan fragmentada como la actual, donde ninguna fuerza obtiene mayorías holgadas y los partidos de gobierno históricamente no dominan el Legislativo, la bicameralidad introduce una capa adicional de dificultad para reformas radicales. La historia reciente lo confirma: incluso con un Congreso unicameral, Pedro Castillo no pudo implementar la agenda más disruptiva de su programa. Con un Senado activo y con poderes amplios sobre designaciones y control normativo, el margen de maniobra de un eventual Gobierno de ruptura sería aún más acotado.

La economía peruana conserva fundamentos sólidos, pero su sostenibilidad depende, en buena medida, de que las instituciones funcionen como lo que fueron diseñadas para ser: frenos. En una segunda vuelta electoral donde una de las opciones plantea un quiebre con los anclajes que han sostenido tres décadas de crecimiento, el Senado es la última línea de defensa institucional antes de que las decisiones tengan costos que nos harían regresar a tiempos que ya creíamos superados. La conformación del Senado puede dar una oportunidad para retomar el consenso en materia económica, concretamente en el respaldo a los principios de equilibrio presupuestal y la prohibición para crear o aumentar gasto público desde el Congreso.