Una intervención policial en Lima Norte permitió exponer un caso de explotación sexual que permaneció oculto durante más de un año. La denuncia de una joven extranjera activó un operativo que derivó en la detención de un hombre de 22 años, señalado como responsable de someterla bajo amenazas constantes y exigencias económicas diarias.
El caso revela un patrón de captación mediante engaños, control permanente y violencia física y psicológica. La víctima, de nacionalidad colombiana, logró acercarse a una agente policial en la vía pública para pedir ayuda. A partir de ese momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició acciones que permitieron ubicar el lugar donde permanecía retenida.
La investigación también abrió nuevas líneas sobre posibles vínculos con otras actividades ilícitas y la participación de terceros en la operación. El testimonio de la joven constituye una pieza central para reconstruir el funcionamiento de este esquema.
Captación mediante engaños y control progresivo
Según información de la PNP, la joven fue contactada a través de redes sociales con una propuesta laboral como anfitriona. La oferta resultó falsa. Al llegar al país, sus documentos fueron retenidos y se le impuso una deuda de 30,000 dólares.
El general PNP Glenn García, de la Dirección de Investigación de Trata de Personas, explicó el inicio del sometimiento: “Fue tratada muy bien durante la primera semana, pero en la segunda le dijo el trabajo que tenía que hacer”. Este cambio marcó el inicio de la coerción.
La víctima describió que el captor le indicó cómo debía trabajar y cómo debía entregar el dinero. “Me dijo cuándo tenía que cobrar, cómo tenía que trabajar y me dio su número de cuentas para cuando los clientes me hicieran depósitos”, señaló.
El control no se limitaba al aspecto económico. La joven relató vigilancia constante y restricciones en sus movimientos. “Yo no podía salir a la tienda, no podía irme a trabajar sin avisarle. Todo tenía que ser bajo su consentimiento”, indicó.
Exigencias económicas y violencia sistemática
La joven declaró que debía entregar entre 700 y 1,000 soles diarios. Para alcanzar esa cifra, atendía a aproximadamente diez clientes por jornada. “De setecientos a mil soles. Eso era un día, uno para él”, afirmó.
El incumplimiento de estas metas derivaba en agresiones. “El día que yo no llevara eso, de una vez me comenzaba a tratar mal”, explicó. También relató episodios de violencia física: “Él siempre me partía la cabeza con el celular”.
Las amenazas incluían posibles ataques contra su familia en el extranjero. “Que él en la frontera… era capaz de mandarme a pegar a mí dos tiros en las piernas”, declaró. Estas intimidaciones reforzaban el control y limitaban cualquier intento de fuga.
El dinero obtenido durante el periodo de explotación superaría los 100,000 soles, según el testimonio. “Todo, sí, señora, porque yo ahorita no tengo ni… ni la mitad de todo lo que él se quedó”, sostuvo.
Ritualidad y mecanismos de intimidación
Durante el operativo, la policía encontró un altar dedicado a la denominada ‘Santa Muerte’. En el lugar se hallaron estatuillas, manzanas de distintos colores y cigarros.
El propio detenido explicó el significado de los objetos: “Las manzanas verdes es dinero y la manzana roja es protección”. Para la PNP, estos elementos cumplían una función de presión psicológica.
Un agente indicó: “Encontramos todo un altar… ciertos amuletos para darle confianza, fe y creer en la espiritualidad”. La policía considera que estos rituales reforzaban el sometimiento de las víctimas.
Indicios de una red más amplia
Las autoridades investigan posibles vínculos con otras estructuras criminales. Durante la intervención, se detectó que el hostal donde se realizaban las actividades ya registraba antecedentes por presunta relación con la organización ‘Guerrilla Pobre’.
Un representante policial señaló: “Algunos hostales favorecen a este tipo de delito”. Este dato refuerza la hipótesis de que el detenido no operaba de manera aislada.
Además, la víctima mencionó otras actividades ilícitas. “Sí vendía droga, tenía armas”, afirmó. También indicó contactos con personas vinculadas a delitos en otros países.
En el mismo operativo, la policía rescató a una menor de 16 años que, según las primeras indagaciones, se encontraba en riesgo de ser trasladada bajo condiciones similares.
Proceso judicial y situación de la víctima
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el detenido por el delito de trata de personas. La medida busca asegurar el desarrollo de la investigación y determinar responsabilidades adicionales.
La joven rescatada manifestó temor ante una eventual liberación. “Hagan justicia porque yo no soy la única mujer a la que él le ha hecho todo lo que yo pasé”, declaró.
Actualmente, la víctima cuenta con protección policial. Las autoridades evalúan su situación migratoria y acceso a asistencia. Su testimonio continúa como elemento clave en el proceso en curso.
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