Gobierno declara Estado de Emergencia en fronteras de seis regiones del Perú por crimen y tráfico ilegal

El Ejecutivo oficializó nuevas restricciones en zonas limítrofes del Perú para reforzar la seguridad y el control migratoriopor un plazo de 60 días

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Un total de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas y 1.000 agentes de la PNP llegaron a Pataz para recuperar el control de la zona. (Foto: Agencia Andina)
Perú establece estado de emergencia en distritos fronterizos (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno peruano oficializó la declaratoria del Estado de Emergencia en diversos distritos fronterizos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, mediante el Decreto Supremo N.º 056-2026-PCM, publicado el 16 de abril en el diario oficial El Peruano. La medida regirá por un plazo de 60 días calendario y busca enfrentar la criminalidad organizada, situaciones de violencia, así como fortalecer el control migratorio y la vigilancia en zonas limítrofes del país.

La norma establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas del Perú brindarán apoyo operativo en las jurisdicciones comprendidas. Según el Ejecutivo, la decisión responde a informes reservados de inteligencia policial que alertan sobre delitos como tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, trata de personas, contrabando, uso ilegal de armas y otras actividades delictivas en zonas fronterizas.

¿Qué distritos fueron declarados en emergencia?

La medida alcanza a más de 30 distritos estratégicos ubicados en la frontera del país:

Amazonas

  • El Cenepa
  • Río Santiago
  • Imaza

Cajamarca

  • Namballe

Madre de Dios

  • Iberia
  • Tahuamanu
  • Iñapari

Piura

  • Lancones
  • Suyo
  • Ayabaca

Puno

Incluye distritos fronterizos de Sandia, San Antonio de Putina, Huancané, Moho, Yunguyo, Chucuito y El Collao, entre ellos:Desaguadero, Yunguyo, Cojata, Capazo, entre otros.

Ucayali

  • Masisea
  • Yurúa
  • Purús

¿Qué derechos podrán restringirse?

Estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao. (Foto referencial/ Andina)
Estado de emergencia en zonas fronterizas del Perú (Foto referencial/ Andina)

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Ejecutivo podrá restringir o suspender determinados derechos constitucionales contemplados en la Constitución Política del Perú, entre ellos:

  • Inviolabilidad de domicilio
  • Libertad de tránsito
  • Libertad de reunión
  • Libertad y seguridad personales

Además, las actividades públicas masivas, como eventos religiosos, deportivos o culturales, requerirán autorización previa de las autoridades competentes.

Operativos y patrullaje permanente en fronteras

El decreto dispone patrullaje motorizado y a pie en pasos fronterizos, controles de identidad en vías públicas, inmuebles y transporte, así como decomiso de armas, explosivos ilegales y mercadería vinculada al contrabando.

También se ordena intervenir a migrantes que intenten ingresar por pasos no habilitados y reforzar la presencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones para verificar identidad de ciudadanos extranjeros y ejecutar procedimientos sancionadores cuando corresponda.

Se crean comandos especiales y comités de inteligencia

La norma crea Comandos de Coordinación Operativa Unificada (CCO) en cada una de las regiones involucradas, además de comités distritales, grupos de inteligencia y comités de fiscalización que funcionarán las 24 horas del día.

Estas instancias estarán integradas por representantes de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos regionales, municipalidades, Migraciones, SUNAT, SUTRAN y otras entidades estatales.

Una vez culminado el Estado de Emergencia, las autoridades deberán presentar un informe detallado sobre resultados, capturas, operativos y recomendaciones. Dicho balance será remitido a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial.

La decisión se produce en medio de crecientes preocupaciones por el ingreso irregular de extranjeros, redes de trata, minería ilegal, contrabando y narcotráfico en corredores fronterizos estratégicos. En varias de estas zonas, especialmente en Puno, Madre de Dios y Ucayali, las autoridades ya habían advertido una mayor presión del crimen transnacional.