Casa de Piero Corvetto amaneció con contingente policial en fecha en que debía declarar ante Dircocor, diligencia que solicitó reprogramar

Desde las primeras horas de la mañana, trascendieron versiones sobre un posible allanamiento a la vivienda de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las investigaciones abiertas tras los incidentes ocurridos durante las elecciones generales del 12 de abril. La expectativa creció a medida que medios y agentes policiales se congregaron en los exteriores de su domicilio, ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

Alrededor de las 07:00, Corvetto Salinas salió de su vivienda sin brindar declaraciones a la prensa, dirigiéndose rápidamente hacia la sede central de la ONPE. El Buenos Días Perú de Panamericana Televisión repotó la presencia de un patrullero y agentes de la Policía Nacional del Perú custodiando la zona desde la madrugada, sin que se registrara hasta ese momento el ingreso de autoridades judiciales a la propiedad.

Las primeras informaciones señalaban la posibilidad de diligencias en su residencia, pero, en los hechos, la intervención judicial relevante fue el allanamiento del Ministerio Público al almacén principal de la ONPE en Lurín. Esta medida se realizó pocos días después de que, tras las fallas logísticas reportadas durante la jornada electoral, se intervinieran también las oficinas administrativas de la ONPE en el Cercado de Lima.

Jefe de la ONPE solicita aplazar su declaración ante la Dircocor

El jefe de la ONPE solicitó formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia para la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el escrito dirigido a la Fiscalía, Corvetto expresó su total disponibilidad para colaborar con las investigaciones, pero solicitó un plazo razonable para cumplir con sus funciones institucionales. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar y otorgó al funcionario diez días hábiles para presentar sus descargos sobre las fallas logísticas y retrasos ocurridos el día de la elección.

En este contexto, la ONPE oficializó el relevo del gerente de Gestión Electoral, designando provisionalmente a Gustavo García Hidalgo en reemplazo de José Samamé, quien reconoció su responsabilidad en los retrasos que afectaron la instalación de mesas y el desarrollo de la jornada electoral.

Fiscalía y JNE allanan almacén de la ONPE en Lurín

El Ministerio Público realizó un allanamiento en el almacén principal de la ONPE en Lurín, tras las denuncias sobre pérdida y hallazgo irregular de material electoral utilizado en las elecciones generales de 2026. La diligencia, encabezada por el fiscal provincial Ricardo Walter López García y con la participación de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, tuvo como objetivo verificar la existencia y estado de las actas y cédulas de votación.

Durante el operativo, que se extendió desde el mediodía, se revisaron sobres lacrados, documentación electoral y cajas con sufragios. Imágenes difundidas por 24 Horas de Panamericana Televisión mostraron la entrada de los fiscales y el despliegue de vehículos oficiales en la zona. La intervención fue solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE, en respuesta a reportes sobre la desaparición de material y el hallazgo de cajas con cédulas en la vía pública.

El JNE acompañó la diligencia, remarcando la importancia de asegurar la cadena de custodia del material electoral como garantía de transparencia. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades por los retrasos, la no instalación de 211 mesas de sufragio y la afectación de 75 instituciones educativas en Lima y Callao, según datos oficiales.

La ONPE atribuyó los retrasos a la empresa encargada de la logística, mientras persisten las investigaciones sobre el hallazgo de cuatro cajas con 1.200 cédulas en un tacho de basura en Surquillo. El presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió la versión institucional sobre la custodia oficial, señalando que las cajas fueron transportadas en vehículos particulares sin supervisión.