
El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se encuentra cada vez más cerca del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y podría remontar el tablero.
De acuerdo con los resultados de la ONPE al 92,961% de actas contabilizadas, López Aliaga cuenta con 1.869.844 votos, equivalente al 11,919% de votos válidos, mientras que Sánchez ostenta el 1.879.201 votos que representan el 11,978 de votos válidos.
La diferencia entre ambos postulantes es de 9.365 votos. Existe la posibilidad de que el exalcalde de Lima podría volver a posicionarse en el segundo lugar. Y es que en las últimas horas se empezaron a contabilizar las actas provenientes del exterior, donde cuenta con un respaldo mayor en comparación con el exministro del golpista Pedro Castillo.
Cabe precisar que solo quedan pendientes de procesar unas 1.512 actas (1,630% del total), mientras que 5.020 actas (5,411%) fueron observadas y los Jurados Electorales Especiales deberán decidir si son válidas y los votos de estas se suman al cómputo general, o si son anuladas.
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Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez se enfrentará a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuya presencia en la segunda vuelta de los comicios es segura debido a que cuenta con 2.677.211 votos, que representa el 17,065% de votos válidos.
Así, Fujimori enfrentará una segunda vuelta por cuarta vez consecutiva. En todos los balotajes perdió. Primero ante Ollanta Humala (2011), luego contra Pedro Pablo Kuczynski (2016) y finalmente contra Pedro Castillo (2021).
Denuncia fraude sin pruebas
Rafael López Aliaga denunció un inexistente fraude ante cientos de sus seguidores en los exteriores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
López Aliaga denunció que cerca de “un millón sesenta mil personas a nivel nacional” no pudieron votar debido a retrasos en la entrega de material electoral. “Eso suma un millón seiscientos mil votos... Hablamos de quinientos mil votos robados”, aseguró durante el evento. Además, afirmó que en Lima la votación debió extenderse en 13 colegios, afectando a más de 52.000 electores.
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El candidato advirtió: “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, emplazando al sistema electoral a anular los comicios en un plazo de 24 horas. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, anunció, conminando a sus seguidores a mantenerse en “vigilancia permanente”.
La movilización convocada por Rafael López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó con la presentación de al menos dos denuncias penales en su contra, un refuerzo inmediato de la seguridad en el organismo electoral y la imposición de restricciones al tránsito y al acceso peatonal en los alrededores del JNE en Lima.
El abogado penalista Elio Riera dijo a RPP Noticias que la Fiscalía debería actuar de oficio ante las declaraciones de López Aliaga, quien advirtió que si no se declaraba la nulidad de los comicios en un plazo de veinticuatro horas, convocaría a sus seguidores a una “insurgencia civil”. Riera sostuvo que este comportamiento podría encuadrar en el delito de “perturbación o impedimento de proceso electoral”, tipificado en el artículo 354 del Código Penal peruano, cuya sanción alcanza hasta 10 años de prisión.
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Rubén Serpa, exafiliado a la agrupación declarada ilegal A.N.T.A.U.R.O., y la abogada Indira Rodríguez, de la Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, presentaron sendos recursos contra el líder de Renovación Popular. Serpa pidió en defensa del orden democrático la detención de López Aliaga por instar a desconocer los comicios. Rodríguez lo acusó de “perturbación del proceso electoral e incitación al desorden público”.
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