¿En qué casos se podrían anular las elecciones generales 2026? Esto dice la ley del JNE

El escenario político en Perú se ve envuelto nuevamente en controversia por irregularidades y polémicas en el desarrollo de las elecciones generales 2026, que fueron marcadas por demoras en el traslado de material electoral, problemas en la instalación de mesas de votación y fallas en el sistema implementado por la ONPE. Estas incidencias han provocado que candidatos y ciudadanos planteen la posibilidad de anular los comicios ante un presunto fraude.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, cuestionado por la gestión durante la jornada del 12 de abril, ha sostenido que, pese a los “inconvenientes”, las elecciones se desarrollaron con normalidad y sin afectar la voluntad popular ni el derecho al voto. Sin embargo, las dificultades registradas, que incluso impidieron inicialmente sufragar a miles de ciudadanos, han intensificado el debate público.

Nulidad electoral: ¿qué dice el JNE?

En ese contexto, la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece con precisión los supuestos en los que un proceso electoral puede ser declarado nulo. La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) regula estos escenarios y fija condiciones específicas que deben cumplirse para adoptar una medida de esta magnitud.

De acuerdo con el marco legal, la nulidad no responde a cuestionamientos políticos o percepciones de irregularidad, sino a causales objetivas que deben ser acreditadas. El sistema electoral peruano tiene como finalidad garantizar que los resultados reflejen la expresión auténtica de la voluntad ciudadana.

¿Cuándo se anulan las elecciones?

La ley establece dos supuestos principales para declarar la nulidad total de las elecciones presidencial:

• Cuando los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total de votos emitidos.
• Cuando se anulan procesos electorales en circunscripciones que representen al menos un tercio de la votación nacional válida.

Estos criterios están contemplados en la Ley Orgánica de Elecciones y en la normativa vigente que rige los procesos electorales en el país. Asimismo, la norma precisa que, en caso de declararse la nulidad total, se debe convocar a nuevas elecciones en un plazo determinado, reiniciando el proceso electoral.

Nulidad parcial: mesas y circunscripciones

Además de la nulidad total, la legislación contempla la posibilidad de anular votaciones en mesas específicas o en determinadas circunscripciones. Entre las causales se encuentran:

• Instalación de mesas en lugares distintos o fuera del horario establecido sin justificación
• Existencia de fraude, soborno, coacción o violencia para alterar el voto
• Inclusión de electores no registrados o exclusión indebida de votantes
• Hechos que impidan el libre ejercicio del sufragio

Estas disposiciones permiten corregir irregularidades puntuales sin invalidar todo el proceso electoral. En el caso de distritos o provincias, también se puede declarar la nulidad si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total emitido en esa jurisdicción.

Condiciones para solicitar nulidad

La normativa establece que los pedidos de nulidad deben seguir un procedimiento formal. Solo pueden ser presentados por personeros legales de partidos políticos, alianzas o listas, dentro de los plazos establecidos tras la jornada electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad encargada de evaluar estos recursos y emitir una decisión en última instancia, en función de las pruebas presentadas y el cumplimiento de las causales legales.

Irregularidades no significa nulidad

De acuerdo con la legislación electoral, problemas logísticos, retrasos o fallas operativas —como los registrados en las elecciones 2026— no constituyen por sí solos causales automáticas de nulidad. Para que ello ocurra, debe demostrarse que las irregularidades fueron graves, generalizadas y determinantes en el resultado final.

En ese sentido, el marco legal establece un estándar alto para anular un proceso electoral completo, priorizando la preservación de la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, cualquier decisión en esa línea requiere una evaluación jurídica rigurosa basada en hechos comprobados.