El candidato presidencial de Renovación Popular responsabilizó públicamente a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por lo que calificó como “fraude electoral único en el mundo”. Según indicó -sin pruebas-, más de 100 mil personas en Lima no pudieron ejercer su derecho al voto, lo que representó una pérdida cercana al 1.2 % de los sufragios para su partido.
Luego de la difusión de resultados del proceso electoral brindados por la página oficial de la ONPE, el candidato de Renovación Popular afirmó que “ni Maduro en su peor momento hizo esto en Venezuela, ni una narcodictadura lo ha hecho. El señor (Piero) Corvetto lo ha hecho”.
El candidato remarcó la diferencia con experiencias anteriores: “Lo histórico para Lima es que 1 % de las mesas no abrían. Aquí no se ha permitido que abra, pues, 13% de las mesas, es trece veces más que lo normal”. Añadió que, según sus cuentas, el daño a Renovación Popular se tradujo en “más o menos cien mil, es 1.25 % que nos han mochado”.
Después de difundirse el conteo rápido oficial, López Aliaga insistió en la necesidad de que Piero Corvetto renuncie y sea procesado penalmente e insistió en su pedido de captura, alegando que el delito estaba “en curso”.
El candidato exigió un pronunciamiento inmediato al Jurado Nacional de Elecciones, cuestionando: “Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.
Reacciones y acciones institucionales tras las denuncias
La respuesta de las instituciones llegó horas después. Piero Corvetto reconoció públicamente los problemas logísticos pidió disculpas públicas por los incidentes durante la jornada electoral. “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, declaró.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que los responsables podrán ser sancionados administrativa y penalmente: “Comunicaremos a las autoridades competentes para que asuman las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal”.
En un comunicado oficial, el presidente del JNE explicó que, para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, se ampliará el horario de instalación de mesas y de votación en Lima y dos circunscripciones del extranjero: Orlando y Paterson en Estados Unidos.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en la sede de la ONPE en Lima para verificar las demoras y proteger el derecho al voto, con la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga al mando. Simultáneamente, la Contraloría General de la República comunicó el inicio de investigaciones para definir posibles responsabilidades administrativas y penales.
En el ámbito político, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo exigió la renuncia de Corvetto debido a las “demoras históricas y escandalosas”. Desde Trujillo, César Acuña, candidato de Alianza Para el Progreso, se pronunció sobre la falta de equidad y la necesidad de proteger la transparencia electoral. También Carlos Álvarez, comunicador, expresó críticas sobre la gestión del proceso.
Impacto sobre el proceso electoral y reclamos de nulidad
Datos proporcionados por la ONPE muestran la dimensión del problema: cerca del 13% de las mesas en Lima no pudo instalarse a tiempo, situación que, según registros oficiales, afectó a más de 63 mil ciudadanos. El retraso se reflejó en la demora del material electoral, el cierre de 211 locales y la formación de largas filas en colegios de distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde en algunos casos los materiales llegaron con varias horas de atraso o no arribaron.
El partido Renovación Popular pidió la nulidad de los resultados en los locales afectados y llamó a la ciudadanía a manifestarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, reiterando el calificativo de “fraude electoral único en el mundo”. Según el candidato, los hechos constituyen una anomalía documentada en la trayectoria electoral del Perú y abren un debate regional sobre la legitimidad democrática.
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