El próximo domingo 12 de abril, Perú vivirá una jornada electoral marcada por la implementación de una sala de monitoreo en tiempo real gestionada por la Defensoría del Pueblo.
El organismo, liderado por Josué Gutiérrez Cóndor, presentó este centro para supervisar el proceso y atender posibles incidencias durante las Elecciones Generales 2026.
Esta sala centraliza información recogida en todo el país y permite alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier situación que afecte el derecho al voto de los ciudadanos.
El tablero de indicadores, o dashboard, constituye el núcleo de esta estrategia. A través de herramientas digitales, personal y voluntarios de la Defensoría, desplegados incluso en zonas rurales y de difícil acceso, reportarán incidentes como suplantación de identidad o impedimentos para sufragar.
El objetivo es que la respuesta institucional sea rápida y coordinada, garantizando que ningún elector quede desprotegido. De acuerdo con reportes de La República, este despliegue nacional asegura cobertura en todos los rincones del país.
La campaña “Elecciones democráticas sin violencia” acompaña la labor de supervisión. La Defensoría busca promover una jornada pacífica y ordenada, donde el respeto a los derechos fundamentales prevalezca en cada mesa de votación.
El trabajo articulado con los comisionados y la red de voluntariado fortalece la vigilancia ciudadana y la defensa del voto, según detalló la institución en conferencia de prensa.
Los requisitoriados podrán votar sin ser detenidos
Más allá de la vigilancia y la innovación tecnológica, el proceso está marcado por una particularidad legal. Según el artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones, ningún ciudadano habilitado para sufragar puede ser detenido el día de la votación ni durante las 24 horas previas, salvo en caso de flagrancia.
Esto significa que personas con requisitorias vigentes podrán acudir a sus locales de votación y ejercer su derecho al voto, aunque tengan órdenes de captura pendientes.
El propio Gutiérrez explicó en entrevista que la ley actual impide a la Policía Nacional del Perú (PNP) proceder con arrestos durante el proceso electoral, a menos que se sorprenda a alguien cometiendo un delito en ese momento.
“La ley existe hoy y dice que ningún elector debe ser detenido en el proceso electoral, ningún requisitoriado. Eso dice la ley hoy día”, afirmó el titular de la Defensoría.
Esta situación ha llevado a la Defensoría a presentar un proyecto de ley ante el Congreso. La propuesta busca modificar la normativa para que la policía pueda ejecutar detenciones ordenadas judicialmente, incluso el mismo día de la elección, siempre que se garantice, en la medida de lo posible, el derecho al sufragio antes de trasladar al detenido.
El documento plantea que las capturas se apliquen solo para mandatos expedidos por el Poder Judicial, como prisión preventiva o detención preliminar, y no por faltas menores.
Según datos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, hasta septiembre de 2025 existían 107.039 personas con requisitoria vigente.
De aprobarse la reforma, la Defensoría estima que podrían ejecutarse más de 103.000 detenciones en próximos comicios, lo que revela el alcance del fenómeno.
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