Perú aprueba nuevo reglamento para sustancias químicas: qué cambia y a qué empresas afectará desde 2026

El Perú acaba de dar un paso clave en el control de sustancias peligrosas en medio de un contexto donde millones de personas están expuestas a contaminantes. El Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, una norma que establece nuevas obligaciones para empresas, importadores y usuarios, con el objetivo de reducir riesgos a la salud pública y al ambiente.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 005-2026-MINAM, entra en un escenario sensible: más de 10 millones de peruanos están expuestos a metales pesados, según reportes recientes, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de control, trazabilidad y uso seguro de estos insumos. En ese marco, el reglamento fija reglas más claras y un sistema progresivo de implementación que se extenderá hasta el 2031.

Nuevas reglas para químicos: qué cambia con el reglamento y quiénes deben cumplirlo

El nuevo reglamento de sustancias químicas en Perú establece un marco obligatorio para todos los actores que participan en su ciclo de vida: desde la fabricación e importación hasta su uso, almacenamiento y disposición final. Esto incluye a empresas industriales, distribuidores, transportistas y usuarios finales, tanto del sector público como privado.

Uno de los puntos centrales es que los fabricantes serán responsables de la clasificación de peligros de cada sustancia, mientras que los importadores deberán garantizar que estos productos cumplan con las condiciones necesarias antes de ingresar al mercado peruano. Esto incluye el correcto etiquetado en español, con advertencias claras sobre riesgos, medidas de seguridad y recomendaciones de uso.

Además, se vuelve obligatoria la adopción del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), un estándar internacional que permite identificar de manera uniforme los peligros asociados a cada sustancia. Esta herramienta busca mejorar la información disponible para trabajadores, autoridades y consumidores.

Otro elemento clave es la implementación del Registro Nacional de Sustancias Químicas (RENASQ), una base de datos que permitirá conocer qué sustancias circulan en el país, en qué cantidades y bajo qué condiciones. Este registro será obligatorio para fabricantes e importadores que superen ciertos umbrales y se implementará de forma gradual entre 2028 y 2031.

El reglamento también exige la elaboración de evaluaciones de riesgo para sustancias nuevas o priorizadas, lo que permitirá a las autoridades tomar decisiones sobre posibles restricciones, autorizaciones o incluso prohibiciones, dependiendo del nivel de peligro identificado.

El reto de controlar químicos en un país expuesto

La norma no solo establece obligaciones técnicas, sino que incorpora un régimen de fiscalización e infracciones. Entidades como el OEFA, Sunafil e Indecopi tendrán competencias para supervisar el cumplimiento de las disposiciones, desde el manejo ambiental hasta el etiquetado y la seguridad laboral.

Las sanciones contemplan multas que pueden alcanzar miles de UIT, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entre los casos más severos se incluyen no presentar evaluaciones de riesgo, incumplir con el etiquetado o adquirir sustancias sin la debida clasificación.

En paralelo, el reglamento introduce medidas de transparencia e información pública, como la creación de inventarios nacionales de sustancias químicas, evaluaciones de riesgo e instalaciones peligrosas. Estos sistemas estarán disponibles progresivamente y permitirán un mayor seguimiento por parte del Estado y la ciudadanía.

Este avance normativo se da en un contexto donde la exposición a sustancias tóxicas sigue siendo un problema estructural. Informes recientes advierten que millones de personas viven en zonas afectadas por contaminación vinculada a actividades extractivas, mientras que la capacidad de respuesta estatal ha sido limitada en cobertura y presupuesto.

El reglamento también incorpora obligaciones para empleadores, como la capacitación a trabajadores en el uso seguro de químicos, el acceso a fichas de datos de seguridad y la provisión de equipos de protección personal. Asimismo, establece lineamientos para la gestión de residuos peligrosos y la respuesta ante emergencias ambientales.

Finalmente, la norma alinea al país con estándares internacionales y forma parte del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al adoptar mecanismos similares a los utilizados en otros países para el control de sustancias químicas.

La implementación será progresiva y contempla periodos de adecuación para los distintos sectores involucrados, con nuevas disposiciones específicas que se irán aprobando en los próximos años.