Elecciones 2026 en Perú bajo alerta internacional: HRW advierte grave deterioro democrático que “requiere atención urgente”

La cercanía de las Elecciones Generales 2026 en Perú ha encendido alertas más allá de las fronteras. A pocos días de que millones de ciudadanos acudan a las urnas, un informe difundido en el diario español El País pone el foco en un tema que trasciende la contienda electoral: el deterioro progresivo de las instituciones democráticas en el país. La advertencia proviene de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien plantea la necesidad de una mirada internacional sobre el proceso.

El pronunciamiento se da en un contexto marcado por la inestabilidad política en Perú, pero advierte que el problema actual no se limita a crisis coyunturales. “Hay un aspecto del panorama institucional que requiere atención internacional urgente: su paulatino, pero constante deterioro democrático”, señala Goebertus en el análisis. En ese escenario, la observación internacional de los comicios del 12 de abril se perfila como un factor clave para garantizar la transparencia y credibilidad del proceso.

Advertencia internacional por debilitamiento institucional en Perú

El documento recuerda un episodio clave en la historia reciente del país: las elecciones de 2021. En ese momento, el partido Fuerza Popular impulsó intentos para anular los resultados electorales y cuestionó “sin pruebas” la victoria de Pedro Castillo. Pese a ello, las instituciones electorales y judiciales lograron sostener el proceso democrático. “Garantizaron que se respetara la voluntad popular”, remarca la especialista.

Cinco años después, el panorama es distinto. Según el informe, esas mismas instituciones presentan un nivel de fragilidad mayor, lo que genera preocupación sobre su capacidad para responder ante eventuales conflictos postelectorales. El texto identifica al Congreso de la República del Perú como un actor central en este escenario, al haber impulsado decisiones que afectan directamente la independencia de organismos clave. De acuerdo con Goebertus, estas medidas “parecen estar diseñadas para limitar la rendición de cuentas de los miembros del Congreso”.

Entre las decisiones cuestionadas figura el proceso de designación de magistrados del Tribunal Constitucional en 2022. La elección de seis de sus siete integrantes se realizó mediante un procedimiento poco transparente. Desde entonces, el tribunal ha emitido sentencias que han sido ampliamente criticadas por favorecer al Parlamento.

Otro punto relevante es la situación de la Defensoría del Pueblo. Tradicionalmente considerada una entidad clave en la defensa de derechos fundamentales, su rol habría cambiado tras la designación de un excongresista sin experiencia en derechos humanos. “Desde que el nuevo defensor del pueblo asumió el cargo en 2023, la institución ha dejado de cumplir esa función”, sostiene el artículo.

Observación electoral y rol de organismos internacionales

El informe también aborda el impacto de estas decisiones en el sistema de justicia. La Junta Nacional de Justicia ha sido objeto de cuestionamientos tras iniciar investigaciones contra jueces que emitieron fallos contrarios a intereses del Congreso y destituir fiscales vinculados a casos de alto perfil.

En esa línea, se menciona el relevo de Delia Espinoza y la designación de Tomás Gálvez, cambios que habrían derivado en la desarticulación de equipos especializados en casos de corrupción. Según el documento, esta reconfiguración ha impactado directamente en investigaciones que involucraban a figuras políticas.

El análisis también advierte sobre consecuencias más amplias en el país. “Muchos señalan que el Congreso y su debilitamiento del Estado de derecho han contribuido a la expansión del crimen organizado”, indica Goebertus. En ese contexto, se menciona el incremento en los índices de extorsión y homicidios, fenómenos que han alcanzado niveles históricos en los últimos años.

A ello se suma un nuevo marco legal aprobado en 2025 que permite al Ejecutivo sancionar o cancelar el registro de organizaciones civiles, lo que podría afectar el trabajo de entidades que supervisan la gestión pública. Este escenario también impacta a periodistas y medios independientes, en un contexto donde el acceso a la información resulta clave durante un proceso electoral.

Frente a este panorama, la participación de organismos internacionales adquiere especial relevancia. La Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter han confirmado el envío de misiones para supervisar las elecciones. Su presencia busca garantizar transparencia, credibilidad y una evaluación independiente del proceso electoral.

“El apoyo sostenido de la comunidad internacional hasta el final del proceso electoral será fundamental”, advierte Goebertus, al subrayar la importancia de evitar interferencias y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de los comicios. En medio de este escenario, el proceso electoral peruano se desarrolla bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.