El Gobierno y el Poder Judicial volvieron a poner en agenda dos temas que permanecen sin avances concretos: la implementación de la Ley N.° 32509, vinculada a mejoras salariales para trabajadores judiciales, y el despliegue de las unidades de flagrancia, un modelo que busca agilizar la respuesta frente a la inseguridad ciudadana. Ambos puntos fueron abordados en una reunión sostenida en Palacio de Gobierno entre la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y el jefe de Estado, José Balcázar Zelada.
El encuentro entre Tello y Balcázar se produce en un escenario en el que persisten reclamos dentro del sistema judicial por el incumplimiento de normas aprobadas, así como cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para responder con rapidez ante delitos. En ese contexto, la cita sirvió para revisar el estado de ambas medidas y reiterar pedidos que, pese a contar con respaldo legal, aún no se han traducido en acciones concretas.
Ley 32509: retrasos en la aplicación de la escala remunerativa
La Ley N.° 32509, publicada el 28 de noviembre de 2025, establece una nueva escala remunerativa para trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial bajo el régimen laboral 728. La norma contempla una implementación progresiva en tramos, incluido el cuarto, que hasta ahora no ha sido ejecutado.
Además, la ley dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía realizar, en un plazo máximo de 30 días calendario, un estudio técnico para sustentar la viabilidad de la nueva escala salarial. Sin embargo, ese proceso no se ha concretado dentro de los plazos establecidos, lo que ha generado expectativa entre los trabajadores del sector.
Durante la reunión, la presidenta del Poder Judicial reiteró la necesidad de que se cumpla esta disposición. “Sostuvimos una reunión muy fructífera, he venido a reunirme con el presidente Balcázar para reiterarle una vez más su apoyo para hacer realidad los derechos de los trabajadores”, señaló tras el encuentro.
Según indicó, el mandatario manifestó su disposición a avanzar en este punto. “Él nos ha manifestado que así lo hará, porque tiene muy claro las necesidades que pasan los trabajadores, específicamente, los del Poder Judicial”, agregó.
La falta de implementación del cuarto tramo mantiene en suspenso la aplicación completa de la escala salarial prevista en la norma. Este aspecto ha sido uno de los principales reclamos del personal judicial, en un contexto donde se espera que el Ejecutivo y el MEF definan los pasos para su ejecución.
Unidades de flagrancia: coordinación pendiente para su implementación
En paralelo, otro de los temas abordados fue la expansión de las unidades de flagrancia, un modelo que busca acelerar el procesamiento de delitos cuando el presunto autor es detenido en el mismo momento de su comisión.
Este sistema se basa en la intervención articulada de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de reducir los tiempos entre la detención y la sanción. La lógica del modelo es que, al tratarse de casos en flagrancia, se cuenta con elementos inmediatos que permiten activar de forma más rápida los procedimientos judiciales.
Durante la reunión, Tello Gilardi señaló que, si bien el Poder Judicial es el ente rector del sistema, considera necesario que el Ejecutivo tenga un rol más activo en su implementación. “También tenemos una ley del Sistema Nacional de Flagrancia; si bien es cierto el ente rector es el Poder Judicial, creemos que por las necesidades de seguridad que el país requiere, el presidente de la república debe ser quien lidere la implementación de esta política”, afirmó.
La propuesta apunta a que el desarrollo de estas unidades no dependa únicamente de un sector, sino que se impulse de manera coordinada desde el Ejecutivo, considerando el impacto que tendría en la respuesta frente a la delincuencia.
Actualmente, la implementación de las unidades de flagrancia en el Perú no es homogénea y su expansión requiere coordinación interinstitucional, recursos y definición de responsabilidades. En ese sentido, el tema continúa en evaluación como parte de la agenda conjunta entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Ambos puntos —la aplicación de la escala salarial y el avance de las unidades de flagrancia— permanecen en seguimiento tras la reunión, sin que se hayan anunciado plazos específicos para su ejecución.
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