Una operación conjunta permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de inteligencia del Ejército del Perú (EP) desarticular un clan familiar dedicado a la extorsión en el sur de Lima.
La investigación, difundida por Latina Televisión, señala que los principales implicados, identificados como Carlos Coro Rojas, de 61 años, su hijo Sebastián Coro Ocaña, de 25, y la joven Georgia Coro, de 19, dirigían la organización conocida como Los Monstruos del Sur, con base en Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo.
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De acuerdo con la Policía, el grupo habría extorsionado a empresas de transporte público, asociaciones de mototaxis, colegios y constructoras, exigiendo pagos a cambio de no ejecutar represalias.
El operativo, resultado de varias semanas de vigilancia con drones, evidenció la llegada de armas de fuego, explosivos y drogas al inmueble que el clan utilizaba como centro de operaciones. Durante la intervención se incautaron mechas de dinamita, un revólver, municiones y una granada, además de cantidades importantes de droga.
Entre los detenidos figura Diego Cubas, de 26 años, y Valeria Villalta, de 62, así como un menor de 17 años vinculado a un ataque armado perpetrado en febrero. La banda, según la investigación, habría logrado infiltrar a miembros de su entorno en planillas de sindicatos de obras públicas, cobrando sueldos sin desempeñar funciones reales. Uno de los investigados figuraba como empleado, pero no asistía a trabajar, hecho que levantó sospechas entre las autoridades.
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Un esquema de infiltración y amenazas
El modus operandi de Los Monstruos del Sur se centraba en la infiltración de sindicatos de construcción civil y empresas del sector. Según el reporte policial, los líderes forzaban la inclusión de allegados en las planillas laborales bajo amenazas de represalias, que incluían ataques armados y retrasos en la ejecución de proyectos. Testigos señalaron a la Policía que los supuestos trabajadores no cumplían funciones, pero sí recibían sus salarios completos.
La estrategia del grupo extendió la extorsión a directores de colegios y empresarios de transporte, quienes denunciaron exigencias de pagos para evitar ataques o interrupciones en sus actividades. Latina Televisión informó que, tras la captura de los cabecillas, nuevas víctimas acudieron a las autoridades para colaborar en la investigación.
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La vivienda utilizada por el clan, de apariencia modesta, funcionaba como centro logístico para coordinar amenazas y almacenar armas.
Imágenes captadas por drones del Ejército registraron el movimiento de integrantes y el intercambio de drogas en el inmueble. El hallazgo de armas de fuego, explosivos y sustancias ilegales refuerza, según la Policía, la hipótesis sobre la peligrosidad y el alcance de la organización.
Las autoridades no descartan la existencia de más infiltrados en el sector construcción ni la participación de otros allegados en el esquema delictivo. La Policía confirmó que la investigación permanece abierta. Entre los intervenidos se detectaron antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, lo que complejiza el caso.
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