El desarrollo de la petroquímica en Perú ha sido postergado durante décadas, pese a los anuncios y promesas oficiales. El caso de la urea ilustra la magnitud del rezago: el país depende totalmente de la importación de este fertilizante, considerado estratégico para la agricultura.
Un análisis técnico reciente advierte que la ausencia de una industria nacional de urea no solo representa una oportunidad desaprovechada, sino un riesgo estructural que se evidenció en las crisis internacionales recientes.
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El escenario se agrava si se considera que el único proyecto actualmente en evaluación para un complejo de este tipo en Perú está a cargo de Transportadora de Gas del Perú (TGP), con una inversión estimada de USD 1.500 millones. Sin embargo, la empresa fue protagonista de la rotura de uno de los principales ductos del país en marzo de 2026.
Agricultura: dependencia total y vulnerabilidad ante los shocks
Un análisis del ingeniero Ricardo E. Bisso Fernández, consultor en hidrocarburos y petroquímica, revela que Perú cubre el 100 % de su demanda de urea con importaciones.
Las disrupciones en el mercado global, como las generadas por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, elevaron el precio internacional de la urea hasta USD 800–1.000 por tonelada en 2022.
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El Estado respondió con compras de emergencia y subsidios, pero la intervención resultó insuficiente para estabilizar el abastecimiento y mitigar el impacto fiscal.
En 2025, el país importó más de 300.000 toneladas, con precios portuarios en 2026 que siguen entre USD 650 y 750 por tonelada, más del doble del promedio previo a 2021.
Según Bisso, la crisis de precios evidenció la vulnerabilidad estructural de la agricultura peruana, que depende de un insumo expuesto a la volatilidad internacional.
Mientras Europa debió enfrentar un colapso productivo por su dependencia del gas ruso, países latinoamericanos como Perú sufrieron el impacto vía precios y escasez.
El costo de las importaciones de urea y otros fertilizantes entre 2023 y 2025 superó los USD 400 millones anuales, comprometiendo recursos fiscales y reservas internacionales.
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La urea y sus escenarios: con y sin petroquímica de metano
El análisis técnico plantea dos escenarios para la próxima década. Sin una industria nacional de amoniaco-urea, el país seguirá expuesto a episodios de escasez y precios elevados, con alta imprevisibilidad fiscal, salidas constantes de divisas y riesgos para la seguridad alimentaria.
En contraste, una planta integrada de urea permitiría cubrir la demanda nacional —estimada entre 350.000 y 400.000 toneladas anuales—, estabilizar precios y exportar excedentes regionales. Esto reduciría la presión sobre el gasto público, mejoraría la previsibilidad fiscal y fortalecería la seguridad alimentaria.
El consumo de gas natural requerido para el proyecto sería relativamente bajo: entre 6 % y 8 % del volumen producido por Camisea, mucho menos que el necesario para una petroquímica basada en etano, que exige entre dos y tres veces más gas.
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En tanto, el principal proveedor de urea al Perú fue China, seguido por Malasia y Rusia. La concentración de las compras en Asia implica una alta vulnerabilidad frente a restricciones logísticas, decisiones de política comercial en países exportadores y variaciones de precios provocadas por factores externos a la economía peruana, según Bisso.
Una petroquímica de USD 2.000 millones para el Perú
La principal traba identificada por el análisis no es técnica, sino política y comercial. El cuello de botella ha estado en la valorización del gas natural, donde la exportación de gas natural licuado ha tenido prioridad sobre el desarrollo industrial nacional.
Las propuestas para reservar parte de las reservas del Lote 88 para la petroquímica nacional no se han implementado, pese a los modelos técnicos presentados por especialistas ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y su agencia de promoción de los hidrocarburos, PERUPETRO.
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El documento sostiene que la petroquímica de metano debe considerarse una política de seguridad nacional, al margen de la lógica exportadora, señala el experto.
La industria local de urea funcionaría como un “seguro nacional”, protegiendo la economía frente a shocks internacionales y estabilizando los precios de los fertilizantes, con efectos directos sobre la inflación alimentaria y la productividad agrícola.
La inversión estimada para una planta integrada de urea es de USD 2.000 millones —hasta USD 2.600 millones si incluye amoníaco, nitrato de amonio y ácido cítrico—, con una capacidad proyectada de 1,2 a 1,4 millones de toneladas anuales, suficiente para abastecer todo el mercado interno y generar excedentes exportables.
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