MINEM designa nueva directora de formalización minera en medio del silencio electoral sobre el REINFO

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) designó a Magda Roxana Gutiérrez Chara como Directora General de la Dirección General de Formalización Minera, según la Resolución Ministerial N° 131-2026-MINEM/DM publicada el 25 de marzo de 2026.

Esta decisión se produce en un contexto de crisis para la política de formalización minera, marcado por la reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el estancamiento de reformas estructurales que exige el sector.

Prórroga del REINFO y reforma de concesiones: retrocesos que agravan la crisis

El REINFO, gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, exime de responsabilidad penal por minería ilegal a pequeños mineros y mineros artesanales mientras dure el proceso de formalización.

Su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026, aprobada por el Congreso, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y gremios mineros formales, que advierten que este padrón funciona más como un salvoconducto para actividades extractivas fuera de control que como una herramienta real de formalización.

La reciente modificación al régimen de concesiones mineras, que agiliza la caducidad de concesiones formales y facilita la ocupación ilegal de terrenos, ha incrementado la sensación de desprotección en la pequeña minería legal ante el avance de la minería informal y sus efectos negativos en las comunidades.

Instituciones como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Colegio de Ingenieros del Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Comex han rechazado estas medidas, señalando que no promueven la trazabilidad de minerales ni incentivan la formalización efectiva, sino que facilitan la expansión de la ilegalidad y los riesgos ambientales.

Una nueva directora en una estructura sin rumbo claro

Magda Roxana Gutiérrez Chara, abogada con experiencia previa en la Dirección General de Formalización Minera (2021-2022), donde participó en la gestión del REINFO, asume ahora la dirección en un momento crítico.

Su nombramiento ocurre mientras el Estado opta por extender mecanismos de excepción en vez de avanzar hacia una política de formalización con controles efectivos.

La designación, realizada bajo el régimen de confianza de la Ley del Servicio Civil, enfrenta el desafío de revertir la inercia de prórrogas y la falta de resultados en el combate a la minería informal.

El debate sobre la Ley MAPE y la falta de consensos

En paralelo, el Congreso mantiene en debate la llamada Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Minería), propuesta que busca reemplazar al REINFO con un nuevo régimen de formalización basado en requisitos más estrictos, trazabilidad del oro y fiscalización regional.

Sin embargo, su aprobación fue rechazada o postergada a mediados de 2025, y hasta la fecha enfrenta presiones y una profunda falta de consensos políticos.

El país sigue sin un marco normativo capaz de garantizar formalización real, transparencia en la cadena de valor y control sobre las actividades mineras de pequeña escala.

Un Estado sin estrategia frente a las economías ilegales

En pleno proceso electoral, la mayoría de partidos propone medidas aisladas de interdicción y fiscalización, sin una estrategia preventiva e integral para enfrentar la minería ilegal y las economías criminales asociadas, que superan los US$10.000 millones en ventas.

Solo una minoría plantea la eliminación del REINFO o el fortalecimiento de la trazabilidad, mientras que la coordinación institucional y la transparencia permanecen ausentes en la agenda pública.

El nombramiento de una nueva directora al frente de la formalización minera ocurre así en un escenario donde la inacción, la fragmentación normativa y la falta de reformas de fondo perpetúan la crisis.