Solo 3 partidos de 35 mencionan el aborto terapéutico en sus planes y la única respuesta para el embarazo infantil es un “bono”

Solo tres de los 35 partidos que participan en la contienda electoral con miras a los comicios generales del 12 de abril mencionan en sus planes de gobierno el aborto terapéutico, procedimiento legal desde hace un siglo y único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente en su salud, según un análisis realizado por Promsex.

De acuerdo con el informe, que se centra en la violencia sexual contra niñas y adolescentes, el embarazo infantil y adolescente y la educación sexual integral (ESI), solo los proyectos de Venceremos, Cooperación Popular y Primero la Gente abordan el tema en sus propuestas.

Venceremos, con Ronald Atencio como candidato presidencial, “menciona el aborto legal vinculándolo a niñas víctimas de violación, presenta datos precisos sobre embarazo infantil con fuentes verificables y respalda la ESI con enfoque de género e intercultural”.

Sin embargo, presenta vacíos en cuanto a implementación: el reconocimiento existe, pero la ruta de protección diferenciada para niñas como sujetas específicas de derechos aún no está desarrollada.

Cooperación Popular, con Yonhy Lescano como aspirante, incluye de manera explícita el aborto legal para víctimas de violación “como compromiso legislativo para agosto de 2026″.

Primero la Gente, con Marisol Pérez Tello como candidata, propone “garantizar el acceso oportuno al aborto terapéutico” en los casos en que la vida o salud de la gestante esté amenazada y despenalizar el aborto en casos de violencia sexual.

Varios planes reconocen que el embarazo en menores ocurre “principalmente por violencia sexual”. Sin embargo, la única respuesta para esos casos consiste, como plantea Avanza País, en un bono económico condicionado, denominado ‘Programa Nueva-Mamá’, que promueve la maternidad forzada en vez de ofrecer alternativas de restitución de derechos o acceso a salud integral.

Otras agrupaciones, como Juntos por el Perú o Democracia Verde, documentan casos de abuso sexual, pero no proponen como solución el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Respecto a la protección contra la violencia sexual, solo un grupo reducido de partidos —entre ellos Juntos por el Perú, Partido Morado y Partido Democrático Federal— plantea propuestas institucionales concretas, como la creación de más Centros de Emergencia Mujer (CEM) y mecanismos de respuesta rápida.

En la mayoría de propuestas predominan posturas punitivas y no preventivas, orientadas a penas de cárcel o cadena perpetua. Partidos como Fuerza Popular proponen sistemas especializados de justicia para niñas, pero su propio ideario —“defensa de la vida desde la concepción”— ha servido históricamente para bloquear la interrupción terapéutica del embarazo.

Además, resalta Promsex, muchos documentos no incluyen rutas de atención diferenciadas para niñas, ni protocolos de no revictimización o mecanismos de reparación, lo que limita la protección efectiva.

Sobre ESI

La ESI aún no logra consolidarse como política pública. El análisis muestra que solo una minoría de partidos —Venceremos, Juntos por el Perú, Partido Morado y, en menor medida, Libertad Popular, Partido Democrático Federal, Perú Primero y PRIN— la incluye en sus proyectos con metodología, presupuesto o metas claras.

No obstante, la tendencia general es la omisión o la mención superficial: la ESI aparece como idea o meta retórica, sin contenido curricular, formación docente ni presupuesto. A la par, existen iniciativas que buscan marginarla o eliminarla, como ocurre con propuestas de “libertad de elección de las familias”, “educación en valores” o el rechazo explícito a la “ideología de género”.

En muchos casos, el discurso “por la familia” o “en defensa de la vida desde la concepción” funciona como obstáculo para impedir avances en derechos sexuales y reproductivos y educación preventiva, negando a niñas y adolescentes el acceso a herramientas básicas para su protección, como ocurre con Renovación Popular.