La ruta Hiram Bingham, uno de los accesos estratégicos hacia Machu Picchu, volvió a manos del Estado tras una intervención policial ejecutada durante la noche y la madrugada. El operativo puso fin a la ocupación de dos tramos ubicados a ambos lados de la vía, dentro de la zona de amortiguamiento del santuario histórico.
El despliegue policial ocurrió sin enfrentamientos. Los ocupantes decidieron retirarse ante la presencia de cerca de 200 agentes de la Región Policial de Cusco, quienes se posicionaron en puntos clave para asegurar el control del área. La acción permitió restablecer el tránsito y recuperar espacios considerados sensibles por su cercanía a áreas protegidas.
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La intervención se produjo en medio de una disputa por el uso de terrenos que involucra a actores locales, empresas turísticas y autoridades. La ocupación había generado preocupación por su impacto en el orden público, el turismo y la protección de zonas bajo regulación ambiental.
Operativo policial y retiro de ocupantes
De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú y autoridades locales, el operativo se ejecutó de forma coordinada y sin uso de la fuerza. Las personas instaladas en la zona abandonaron el lugar de manera voluntaria. Entre los ocupantes figuraban individuos vinculados a la empresa de transporte turístico San Antonio de Torontoy y pobladores de Aguas Calientes.
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El contingente policial se distribuyó a lo largo de la vía para evitar nuevos intentos de ocupación. Tras la retirada, personal municipal ingresó para asegurar los terrenos y evitar reingresos. La zona quedó bajo vigilancia permanente.
El conflicto surge por permisos otorgados previamente en el área. La empresa comunera San Antonio de Torontoy contaba con una autorización temporal emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que luego fue anulada. Esa decisión generó controversia y abrió un escenario de disputa.
Según declaraciones de Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, un segundo grupo ocupó terrenos en la margen derecha de la vía sin contar con permisos legales, replicando la acción inicial. “Un segundo grupo ocupó terrenos en la margen derecha de la vía, imitando la acción de Torontoy, pero sin contar con permisos legales”, señaló.
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Por su parte, el gerente de la empresa, Daniel Quispe, sostuvo que la organización mantendrá su presencia en la zona. “No nos retiraremos del lugar”, afirmó, al invocar “derechos adquiridos”.
Intervención municipal y medidas adoptadas
El alcalde de Machupicchu Pueblo, Elvis La Torre Uñacori, confirmó la recuperación de los terrenos con apoyo policial. La autoridad indicó que, tras el retiro de los ocupantes, la municipalidad asumió el control de los espacios.
“Como municipalidad hemos tomado posesión, hemos cercado esos espacios y colocado letreros que indican que son propiedad del Estado”, declaró. Además, personal municipal, junto con efectivos policiales y procuradores, retiró estructuras precarias instaladas en la zona.
El burgomaestre informó que los terrenos recuperados cuentan con inscripción registral y están destinados a proyectos de inversión pública. En ese contexto, advirtió sobre los riesgos que implicaba la ocupación para la ejecución de iniciativas previstas en el distrito.
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Investigación fiscal y advertencias
El caso se encuentra bajo evaluación del Ministerio Público, que investiga un presunto delito de usurpación agravada. Al menos 30 personas fueron identificadas durante las diligencias preliminares.
La ocupación involucró áreas consideradas de protección hídrica, bajo supervisión de la Autoridad Nacional del Agua. Estas zonas forman parte del entorno de resguardo del santuario, lo que eleva la preocupación de las autoridades por posibles afectaciones.
El alcalde también lanzó un llamado directo a la Fiscalía ante eventuales nuevas ocupaciones. “Que el peso de la ley caiga sobre quienes pretendan afectar la imagen de Machu Picchu”, expresó.
Vigilancia y situación actual en la vía
Tras el operativo, la ruta Hiram Bingham permanece bajo control policial. No se registran nuevos incidentes hasta el cierre de esta edición. Las autoridades coordinan acciones para prevenir nuevas invasiones y mantener el orden en un corredor clave para el turismo.
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El caso expone una disputa abierta por el uso de terrenos en la zona de amortiguamiento de Machu Picchu. En el conflicto participan empresas locales, organizaciones sociales y entidades del Estado, en un escenario que mantiene atención por sus implicancias legales y ambientales.
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