La reparación total del ducto de gas natural operado por TGP en Cusco permitió que el transporte de este recurso se restableciera, informó el gobierno del presidente José María Balcázar este viernes. Actualmente, las causas del incidente siguen bajo investigación y, de comprobarse alguna grave infracción por parte de la empresa, podría ser sancionada con la cancelación de su licencia para operar.
El conducto gestionado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), se encuentra ahora plenamente operativo y, según se indicó desde el Ejecutivo, el gobierno mantiene coordinación con el organismo regulador Osinergmin, que deberá elaborar un informe técnico sobre la situación de las operaciones en Megantoni y que se dará a conocer en los próximos días, según información del diario El Comercio.
Investigación sobre la causa del incidente en el ducto de TGP
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, precisó a El Comercio que al momento del incidente en la localidad de Megantoni, 19 trabajadores de TGP estaban presentes en la zona cuando se produjo la deflagración, y dejó clara su idea de que “esa gente algo ha hecho o algo ha dejado de hacer que ha provocado esto”, en referencia a la crisis de desabastecimiento de GNV y el aumento de precio en otros combustibles.
El titular del sector también descartó que Osinergmin no hubiera cumplido los procedimientos previos al incidente que dejó sin suministro de GNV al gremio de transportistas desde inicios de marzo. Según el representante del Minem, la entidad realizó la supervisión correspondiente.
Alfaro señaló que no se adoptarán posiciones definitivas hasta que Osinergmin emita su informe final. Además, anunció la convocatoria a un comité de cierre de crisis y otro grupo de análisis para examinar el caso y plantear medidas preventivas. TGP deberá exponer sus procedimientos y esclarecer lo ocurrido ante estos comités. “Hay cosas que no se pueden engañar ni ocultar”, apostilló el ministro en conversación con el medio.
Sanciones potenciales y medidas regulatorias tras la emergencia
El Gobierno dejó claro que, si se llega a comprobar una “negligencia criminal” por parte de la empresa, cabría la posibilidad de imponer sanciones graves, incluida la cancelación de la licencia de operación para TGP, informó El Comercio. Alfaro detalló que usar materiales o sistemas inadecuados representaría una negligencia, lo que podría derivar en sanciones severas.
“Si las normas dicen, por ejemplo, que tal lugar debe llevar un cierto tipo de material o un cierto tipo de sistema para que no ocurra un accidente y ellos no lo han puesto, o han puesto de menor calidad, eso es un acto de negligencia criminal. Eso podría costarles hasta la licencia. Todo está en evaluación y no se descarta nada”
El ministro hizo hincapié en que están en evaluación posibles medidas contra TGP por daño ambiental. El monitoreo continuará hasta aclarar la situación y establecer acciones para prevenir riesgos que puedan afectar el suministro energético. Todas las opciones regulatorias permanecen abiertas mientras se desarrolla la investigación.
Alternativas energéticas y propuesta de regasificadora por el Gobierno
Alfaro subrayó que la emergencia del ducto generó pérdidas económicas diarias estimadas en $200 millones para la industria nacional. Con la mayoría de la producción industrial en Lima, muchas empresas debieron recurrir al GLP y diésel durante la interrupción, encareciendo los costos.
A pesar de que el ducto fue reparado, las autoridades advirtieron sobre la persistente vulnerabilidad del sistema ante nuevos accidentes o desastres. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas propuso instalar una regasificadora, que permitiría alimentar el país con gas importado recibido por buques metaneros y mantener así dos fuentes de suministro. El llamado a licitación internacional ya comenzó.
Con los plazos actuales, y si no se experimentan retrasos, se espera que este proyecto esté operativo en un plazo de un año y medio o aproximadamente dos años, con un impacto tarifario estimado entre 5% y 6%. El valor total se calcula en $800 millones, aunque el Estado no asumiría el costo, según El Comercio.
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