Denisse Miralles advierte a Chile tras despliegue militar para muro en frontera con Perú: “Tomaremos medidas si impactan con nuestra seguridad”

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, advirtió que el Gobierno tomará acciones si la construcción de un muro y el despliegue militar en la frontera con Chile afectan la seguridad nacional. La funcionaria se pronunció durante la reciente conferencia de prensa del Ejecutivo, en la que abordó las medidas antimigratorias implementadas por la administración de José Antonio Kast en el límite entre ambos países.

“La decisiones de los países son autónomas. No tenemos más que respetarlas. Tomaremos medidas si consideramos que estas impactan en la seguridad del país. Estamos tomando conocimiento de estos decretos”, sostuvo Miralles al referirse a la intervención de fuerzas armadas chilenas y al inicio de obras para levantar barreras físicas en la zona fronteriza.

Según reportó Radio Bio Bio, maquinaria pesada del Ejército chileno se encuentra en las inmediaciones del complejo fronterizo de Chacalluta, en cumplimiento de las propuestas que el presidente Kast promovió durante su campaña.

El gobierno chileno movilizó aproximadamente 300 efectivos militares en la frontera norte, cifra que se duplicará hasta superar los 600 uniformados en los próximos días, según confirmó Cristian Sayes, delegado presidencial de Arica y Parinacota. Las autoridades chilenas precisaron que el despliegue incluye la construcción de zanjas y el reforzamiento de la vigilancia, como parte del llamado “Plan Escudo Fronterizo”.

El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, informó que los trabajos comenzarán la próxima semana bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército.

De acuerdo con el medio citado, el gobierno chileno firmó seis decretos, tres de ellos orientados a fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el ingreso irregular de migrantes. El presidente Kast ordenó la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, que estará a cargo de Alberto Soto y tendrá como función coordinar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Por su parte, el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, y el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, manifestaron su respaldo a las acciones, aunque solicitaron una pronta presencia de las autoridades nacionales en la zona.

La respuesta del Ejecutivo peruano incluyó el anuncio de reuniones para definir una posición más activa. Miralles adelantó que en los próximos días el gabinete recibirá un informe del canciller Hugo de Zela sobre las acciones diplomáticas y de seguridad que podrían adoptarse. “Seguramente el canciller nos dará un reporte sobre cómo actuar en estas situaciones”, comentó .

En el ámbito regional, la gobernación de Tacna solicitó apoyo al Gobierno central. El gobernador Luis Ramón Torres remitió una carta al presidente José María Balcázar, en la que advierte que la utilización de maquinaria pesada por parte del Ejército chileno para excavar zanjas y construir barreras físicas representa un desafío para el control migratorio y la seguridad local.

“Considero necesario que el Estado peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, evalúe la adopción de medidas similares o incluso más eficaces que permitan fortalecer la seguridad y el control en nuestra frontera”, expresó el funcionario en el documento dirigido al Ejecutivo.

La preocupación en Tacna se suma a la inquietud de autoridades y comunidades locales ante el aumento de la presencia militar y la llegada de equipos de construcción a la línea divisoria. Según reportes locales, la maquinaria fue desplegada durante la tarde y noche del jueves, en espera de una visita del presidente Kast y de los ministros responsables de la política de seguridad en la frontera.

Funcionarios chilenos aclararon que el objetivo central del Plan Escudo Fronterizo es reducir la migración irregular y combatir delitos asociados, como el tráfico de personas y el contrabando. El éxito de las medidas será evaluado en función de la disminución de los ingresos no autorizados reportados en las regiones fronterizas, según explicó Trisotti ante medios nacionales.