Las proyecciones climáticas para los próximos meses encendieron las alertas en distintas zonas del Perú. Las autoridades nacionales decidieron activar mecanismos excepcionales ante el riesgo que representan las lluvias intensas previstas para el periodo marzo-mayo de 2026. El escenario descrito por entidades técnicas advierte posibles impactos en viviendas, agricultura, ganadería y en la salud de la población de varias regiones.
Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo dispuso medidas extraordinarias con el fin de reducir los riesgos y organizar la respuesta del Estado. El objetivo consiste en facilitar intervenciones rápidas en zonas vulnerables y reforzar las acciones de prevención, atención y rehabilitación frente a posibles emergencias provocadas por precipitaciones de gran intensidad.
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Decreto oficial declara estado de emergencia por lluvias intensas
El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 034-2026-PCM, firmado por el presidente de la República, José María Balcázar, y la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, junto con integrantes del gabinete ministerial.
La norma establece un periodo de 60 días calendario para aplicar medidas extraordinarias en varios distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín.
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El decreto señala que la medida responde al “peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales”, situación que podría generar daños en la población y en actividades económicas vinculadas al campo.
Según el documento oficial, la emergencia se ubica en nivel 4, clasificación utilizada dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta categoría exige intervenciones coordinadas entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y diversas entidades del Ejecutivo.
Informes técnicos sustentan la decisión del Gobierno
La declaratoria de emergencia se sustenta en el Informe Situacional N.° 000010-2026-INDECI/DIRES, remitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a la Presidencia del Consejo de Ministros.
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El informe reúne análisis elaborados por diversas entidades técnicas. Entre ellos figura el documento “Perspectivas Climáticas. Periodo Marzo-Mayo 2026”, preparado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). También se consideró el informe “Escenarios de Riesgo por lluvias para el período Marzo-Mayo 2026”, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
La evaluación incluye además el Comunicado Oficial ENFEN N.° 4-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del estudio del fenómeno El Niño y un análisis de escenarios de riesgo desarrollado por la Subdirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres del INDECI.
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De acuerdo con el informe situacional, varios distritos presentan exposición directa frente a lluvias intensas. El documento advierte que estas condiciones “podrían afectar la vida y la salud de las personas, la agricultura y la ganadería, entre otros”.
Capacidad regional resulta insuficiente ante la magnitud del riesgo
El decreto también recoge la evaluación sobre la capacidad operativa de los gobiernos regionales involucrados. El informe técnico señala que las autoridades locales enfrentan limitaciones para responder ante un escenario de lluvias intensas de gran magnitud.
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El documento oficial indica que “la capacidad de respuesta de los Gobiernos Regionales (…) para atender el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales es insuficiente”, lo que obliga a la participación directa del Gobierno Nacional.
Ante esta situación, el Ejecutivo dispone la intervención coordinada de varias instituciones públicas para ejecutar acciones inmediatas de prevención y respuesta.
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Financiamiento y seguimiento de las medidas
El decreto precisa que las acciones previstas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas. La norma establece que la implementación de estas medidas se realizará “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.
El seguimiento de las acciones quedará a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil. Esta entidad deberá coordinar con los gobiernos regionales y sectores participantes, además de remitir reportes a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los resultados obtenidos durante la vigencia de la emergencia.
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El estado de emergencia incluye distritos específicos de las diez regiones mencionadas, entre ellos zonas de provincias como Chachapoyas, Bagua, Recuay, Andahuaylas, Lucanas, Celendín, Concepción, Barranca, Huarochirí, Mariscal Nieto, Pasco, Moyobamba y San Martín, según el anexo del decreto publicado en el diario oficial.
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