El Gobierno aprobó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) mediante un decreto legislativo autorizado en sesión del Consejo de Ministros. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Walter Martínez, quien informó que esta nueva entidad asumirá la conducción del sistema penitenciario del país, en reemplazo del actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las declaraciones fueron brindadas en una entrevista a Canal N.
Durante su intervención, el titular del sector precisó que la aprobación del decreto se concretó el 2 de febrero, tras haber sido postergada por motivos de agenda del Consejo de Ministros. Según indicó, el dispositivo legal se encuentra listo para su publicación en el Diario Oficial El Peruano en los próximos días, con lo cual entrará formalmente en vigencia la nueva estructura institucional del sistema de internamiento y resocialización.
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Fusión del INPE y el PRONASEJ
La SUNIR se crea a partir de la fusión de dos entidades existentes: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONASEJ). De acuerdo con lo señalado por el ministro de Justicia, esta integración permitirá unificar la gestión de los establecimientos penitenciarios y de los centros juveniles bajo una sola autoridad administrativa y normativa.
El Ejecutivo sostiene que esta medida busca optimizar la gestión del sistema de internamiento, tanto para personas adultas privadas de libertad como para adolescentes en conflicto con la ley penal. La nueva superintendencia concentrará funciones que antes estaban distribuidas en dos organismos distintos, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y la implementación de políticas de resocialización.
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Reforma organizacional
Según explicó el titular del Minjus al citado medio, la creación de la SUNIR no constituye únicamente un cambio de denominación, sino que implica una reforma organizacional y estructural del sistema penitenciario. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del Consejo Penitenciario, órgano colegiado que actualmente participa en la toma de decisiones del INPE.
En su lugar, la nueva entidad contará con una jefatura única, encabezada por un funcionario que deberá cumplir con un perfil técnico específico y acreditar competencias en materia penitenciaria, así como criterios de idoneidad. El Ministerio de Justicia indicó que esta modificación busca agilizar la toma de decisiones y fortalecer la conducción institucional del sistema.
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Publicación y entrada en vigencia
El ministro de Justicia reiteró que el decreto legislativo que crea la SUNIR será publicado próximamente en el Diario Oficial El Peruano. Una vez publicada la norma, se iniciará el proceso de implementación de la nueva superintendencia y la adecuación administrativa correspondiente a la disolución del INPE.
Martínez señaló que la aprobación de esta medida forma parte de un trabajo desarrollado desde el Ministerio de Justicia y que su ejecución se realizará conforme a los plazos y disposiciones que establezca el decreto legislativo, una vez entre en vigencia.
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Problemas del sistema penitenciario
El ministro de Justicia informó que uno de los principales problemas en el sistema penitenciario es la inadecuada clasificación de los internos, lo que ha permitido que reclusos primarios compartan espacios con personas de alta peligrosidad. Ante esta situación, anunció la continuidad del proceso de reorganización y el traslado de internos a penales con mayores medidas de seguridad.
El funcionario precisó que establecimientos como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón 1 cuentan con las condiciones necesarias para albergar a internos considerados de alta peligrosidad. La medida busca garantizar que los reclusos primarios no se mezclen con quienes presentan un mayor riesgo, reduciendo así el potencial de incidentes dentro de los establecimientos penitenciarios.
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En relación con la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, el ministro Walter Martínez señaló que la reforma contempla cambios en los reglamentos y protocolos disciplinarios, con el objetivo de sancionar actos de corrupción. Explicó que los casos detectados serán derivados a las instancias correspondientes y se aplicarán las sanciones establecidas por la ley. Además, adelantó que el Gobierno Central trabaja en un plan de seguridad ciudadana que será presentado antes del 28 de julio de este año.
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