Creación de SUNIR mantiene problemas económicos en el sistema penitenciario, afirma exjefe del INPE

La publicación del decreto legislativo 1710 en El Peruano que dispuso la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), no resuelve la crisis en el sistema penitenciario del país, según el exjefe del INPE, César Cárdenas.

La medida impulsada por el presidente José Jerí implica la fusión del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Pronapres, que pasarán a depender directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, Cárdenas, calificó la decisión como “intrascendente” y afirmó que la llamada reforma penitenciaria no introduce modificaciones reales en el sistema carcelario peruano.

SUNIR mantiene todo lo que ya existe

“No hay ninguna novedad. Había mucha expectativa respecto de estas reformas profundas que se prometieron y se anunciaron cuando se pidió la delegación de facultades para la fusión... Está simplemente fusionando las instituciones, manteniendo absolutamente igual todo”, sostuvo Cárdenas en diálogo con Exitosa.

El decreto legislativo detalla la fusión de las entidades y elimina el Consejo Nacional Penitenciario, otorgando a la SUNIR una jefatura única, pero Cárdenas recalcó que “la norma se limita a sumar las estructuras existentes de las entidades fusionadas, sin modificar los modelos de gestión ni los mecanismos operativos ya vigentes”. Además, señaló que la creación de la SUNIR no incorpora cambios sustantivos en rehabilitación, infraestructura ni seguridad.

Sin cambios en el presupuesto

En cuanto al presupuesto, Cárdenas denunció en Exitosa que la nueva institución carecerá de autonomía económica. “Han creado la SUNIR con autonomía funcional, administrativa y financiera, pero sin autonomía económica”, remarcó. Explicó que esto implica que cualquier iniciativa para construir nuevos establecimientos penitenciarios o mejoras en los centros juveniles dependerá de la aprobación del Ministerio de Justicia.

Cárdenas enfatizó: “Con las limitaciones que tiene el INPE, las limitaciones presupuestales que tiene el PRONACEJ, con esas mismas limitaciones van a funcionar la SUNIR, porque así se está estableciendo en esta norma”.

En el ámbito operativo, Cárdenas criticó la ausencia de medidas efectivas para enfrentar el hacinamiento y la falta de mejoras tecnológicas en el sistema penitenciario. “El decreto no introduce una reforma integral del sistema penitenciario”, aseguró en Canal N, y subrayó que los programas de rehabilitación y capacitación incluidos en el decreto ya existían previamente en el INPE.

El exjefe del INPE destacó que la reforma elimina el Consejo Nacional Penitenciario y centraliza el mando en una sola persona. Recordó en Canal N que “el Consejo cumplía funciones de acompañamiento en políticas penitenciarias, mas no en decisiones operativas”, y que este modelo de centralización ya figuraba en decretos legislativos anteriores, como los 1486 y 1685. Precisó que la gestión de la infraestructura penitenciaria continuará bajo supervisión del Ministerio de Justicia, incluidos proyectos como el megapenal de Ica.

La normativa establece que la implementación de la SUNIR deberá completarse en un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según lo informado por Canal N.

Frente al alcance de la medida, Cárdenas concluyó que, pese a la expectativa generada, no existen señales de mejora ni fundamentos para esperar una transformación real en el sistema penitenciario peruano.