¡Ni un paso atrás!: La igualdad de género es el motor que el PBI peruano necesita

“No es solo una cuestión de justicia, es una 'obviedad económica‘“. Con estas palabras, Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que la inclusión de las mujeres es el motor de crecimiento más desaprovechado del mundo. Según el FMI, el Producto Bruto Interno (PBI) de una nación puede dispararse hasta un 27% si cerramos la brecha de género.

En el complejo tablero de la política peruana actual, los derechos de las mujeres parecen haberse convertido en moneda de cambio. Entre leyes que vienen desmantelando el enfoque de género y discursos que pretenden reducir nuestra identidad a roles domésticos, el país se enfrenta a un peligroso punto de inflexión. Sin embargo, más allá de la urgencia ética y social, existe una realidad pragmática que el poder político parece ignorar: el desarrollo del Perú está encadenado a la autonomía de sus mujeres.

El mensaje de Lagarde es directo y potente: “Cuando a las mujeres les va mejor, a las economías les va mejor”. En una nación como el Perú, que lucha por recuperar tasas de crecimiento que superen la inercia, ignorar este potencial es, simplemente, un sabotaje al futuro nacional.

El argumento es técnico, pero su trasfondo es profundamente humano. Cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral formal en igualdad de condiciones, se activa un círculo virtuoso de productividad. Las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades —específicamente en salud y educación—, lo que garantiza una fuerza laboral más capacitada y resiliente para la siguiente generación. No obstante, en el Perú, este motor opera a media máquina. Según el INEI, la brecha de ingresos sigue siendo una herida abierta: las mujeres ganan, en promedio, S/ 573 menos que los hombres por realizar las mismas tareas. Esta brecha salarial del 27,2% no solo es una injusticia estadística; es dinero que deja de circular en el consumo interno y que frena la mejora de las condiciones económicas de los hogares para salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran enfrascados.

El contexto actual es realmente alarmante. Los intentos por debilitar la institucionalidad —como los cuestionamientos al Ministerio de la Mujer o la eliminación de contenidos de igualdad en los textos escolares— no son ataques aislados; son un desmantelamiento sistemático de la gobernanza que permite a la mujer peruana participar en la vida pública.

La evidencia global sugiere que los países con mayores retrocesos en derechos civiles para las mujeres sufren una fuga de talento y una caída en la innovación. En el Perú, donde las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres ya contribuyen con casi el 40% del PBI, cualquier política que restrinja su autonomía es una política pro-pobreza.

Lagarde propone tres pilares para el crecimiento: Aprendizaje, Trabajo y Liderazgo. En el Perú, estamos fallando en los tres por razones políticas. El aprendizaje se ve amenazado por leyes que censuran la educación con enfoque de género, la herramienta más eficaz para prevenir el embarazo adolescente (que trunca la vida laboral de miles de niñas y adolescentes cada año). El trabajo formal se vuelve esquivo cuando no hay sistemas de cuidados o protección contra el acoso laboral. Y el liderazgo se vuelve un espejismo cuando la representación política femenina es constantemente atacada o subestimada en las esferas de decisión.

Por ello, el llamado a la acción es urgente. La ciudadanía, los gremios empresariales y la academia deben entender que defender los derechos de las mujeres es defender la billetera del país. No podemos permitir que el Perú retroceda hacia visiones conservadoras que pretenden devolver a la mujer al espacio privado, porque eso significaría contraer nuestra economía y condenar al PBI a un estancamiento crónico. La paridad, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de oportunidades son los cimientos sobre los cuales se construye un país desarrollado.

En conclusión, el costo de la discriminación es demasiado alto para que el Perú lo siga pagando. La resistencia frente a los retrocesos no es opcional; es el imperativo de quienes queremos un país próspero. Si queremos ver al Perú crecer, debemos dejar de ver los derechos de las mujeres como una agenda “social” secundaria y empezar a verlos como la política económica más estratégica del siglo XXI. Ni un paso atrás, porque el camino al desarrollo solo tiene sentido si caminamos todas unidas.