Más de 70 niñas dieron a luz en Perú en 2026: cifra es una alerta sobre las uniones tempranas y forzadas

Más de 70 niñas de hasta 14 años se convirtieron en madres en lo que va del año en Perú, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la persistencia de las uniones tempranas y forzadas, una práctica que no se ha detenido pese a la vigencia de la Ley N.° 31945, que prohíbe el matrimonio con personas menores de edad. Así lo advirtió Plan International en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El dato, correspondiente solo a los dos primeros meses de 2026, expone una realidad estructural: el embarazo infantil sigue siendo, al mismo tiempo, causa y consecuencia de relaciones impuestas a niñas y adolescentes, muchas veces en contextos de violencia sexual, presión familiar y normas sociales profundamente arraigadas.

Embarazo temprano y unión forzada

Un estudio conjunto de UNFPA y Plan International advierte que el 86 % de las mujeres que se unieron entre los 10 y 15 años ya eran madres al momento del nacimiento de su primer hijo. En las zonas rurales, esta proporción es aún mayor y alcanza el 90 %, lo que revela una mayor vulnerabilidad en contextos de pobreza y menor acceso a servicios de salud y educación.

“Cuando ocurre un embarazo temprano, la respuesta social es que la pareja se una, aun cuando se trata de una adolescente. En muchos casos, estos embarazos son productos de violencia sexual, forzando a la niña a unirse a su agresor”, explica Selmira Carreón, coordinadora técnica de Participación e Influencia de Plan International Perú.

Una práctica que sigue siendo socialmente aceptada

La normalización de estas uniones continúa siendo un obstáculo central. De acuerdo con el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, 1 de cada 4 personas considera aceptables las uniones tempranas y forzadas cuando hay un embarazo, una percepción que refuerza dinámicas de violencia y limita el acceso de niñas y adolescentes a una vida libre de abusos.

Este tipo de respuestas sociales, advierte la organización, reproducen un ciclo en el que la maternidad infantil se traduce en abandono escolar, dependencia económica y exposición a múltiples formas de violencia.

Empezar la vida adulta siendo todavía una niña

Flor —nombre ficticio para proteger su identidad— es una de las muchas adolescentes afectadas por esta práctica. A los 15 años inició una relación con un hombre mayor de edad y poco después quedó embarazada. En su comunidad, el embarazo implicaba automáticamente “formar una familia”, incluso si la gestante era menor de edad. Por decisión familiar, Flor fue obligada a convivir con el padre del bebé.

Lo que siguió fue un ciclo de violencia física, psicológica y económica. “Me pegaba, me insultaba. Hasta le gritó y golpeó a mis papás. Yo no entendía por qué todo se volvió así”, relata.

Aunque la Ley N.° 31945, vigente desde 2023, prohíbe el matrimonio infantil, las uniones informales continúan fuera del marco legal, dejando a niñas y adolescentes sin protección efectiva. Según datos citados por Plan International, el 82 % de las víctimas de uniones tempranas son adolescentes mujeres, la mayoría en convivencia.

Uniones tempranas: una forma de violencia que aún no se reconoce

Para las organizaciones especializadas, el desafío no es solo normativo, sino cultural y estructural. “Es urgente que esta práctica sea reconocida como una forma de violencia. Que, desde los hogares y las comunidades, nos cuestionemos sobre las prácticas socialmente aceptadas que están dañando el futuro de las adolescentes. Normalizar las uniones tempranas y forzadas es una manera de perpetuarlas”, sostiene Ada Mejía, gerente de Implementación Programática de Plan International.

Desde noviembre de 2025, la organización impulsa la campaña “Niñas libres de uniones forzadas”, una iniciativa que articula el trabajo con niñas y adolescentes lideresas, organizaciones de cooperación internacional, entidades del Estado y comunidades, con el objetivo de prevenir esta práctica y visibilizar sus consecuencias.

Las cifras de 2026 muestran que, pese a los avances legales, el país enfrenta aún una deuda profunda con miles de niñas que ven interrumpida su infancia y su proyecto de vida. Para Plan International, el reto sigue siendo transformar las normas sociales que permiten que una maternidad temprana continúe justificando relaciones forzadas y desiguales.