Hary Izarra Trelles juró esta noche como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, encabezada por el presidente José María Balcázar. Su designación llega en un momento en que las cifras de violencia sexual y los recientes escándalos sobre la revictimización de adolescentes han puesto bajo escrutinio la gestión estatal en protección de derechos, según informó la Agencia Andina.
El evento de juramentación marca el arranque de la nueva gestión, que se produce tras cambios recientes en el gabinete decididos por el Ejecutivo. La ministra asume funciones en reemplazo de Sandra Gutiérrez Cuba, quien había estado a cargo del despacho durante los pasados meses.
Durante la toma de posesión, celebrada en el principal recinto del poder ejecutivo, Izarra recibió el encargo formal bajo la atenta mirada de los principales miembros del gobierno. Esta transición se desarrolla mientras el ministerio enfrenta cuestionamientos públicos sobre la eficacia y transparencia de sus mecanismos de protección y supervisión, a raíz de polémicas asociadas a refugios privados y la gestión de casos emblemáticos de violencia de género.
Trayectoria internacional de Hary Izarra Trelles
Hary Gloria Izarra Trelles lleva más de 18 años dedicada a la formulación, análisis y comunicación de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos, la violencia de género y la inclusión social, con experiencia tanto en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Defensoría del Pueblo en Perú, como en proyectos cofinanciados por la Unión Europea e instancias gubernamentales en Italia.
Con formación como especialista Senior en Comunicación Estratégica y Políticas Públicas, destaca su trabajo directo en servicios de protección y acogida a mujeres víctimas de violencia durante su periodo en Italia, donde asistió a personas de diversas nacionalidades y expuestas a situaciones extremas. Esta experiencia internacional fortaleció su comprensión de la problemática como un fenómeno estructural, más allá del ámbito social, e integrando dimensiones de seguridad y gobernabilidad.
En el ámbito institucional peruano, Izarra lideró estrategias para elevar los estándares de prevención y erradicación de la violencia desde la comunicación interna, siendo autora del Plan de Comunicación Interna 2026 del Programa Nacional Warmi Ñan. Su paso por el Congreso y la Defensoría la posiciona como figura con manejo probado de crisis, campañas de desinformación y entornos públicos de alta exposición.
Actualmente, Izarra cursa la Maestría en Inteligencia Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), especializada en la toma de decisiones político-estratégicas y análisis prospectivo, competencias consideradas críticas para la gestión intersectorial y la implementación de respuestas con perspectiva de derechos humanos, ética pública y cooperación internacional.
Los retos inmediatos para Izarra en el MIMP
La llegada de Izarra al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) coincide con un contexto marcado por cifras de violencia sexual que los especialistas consideran inaceptables. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 13.096 casos de violación sexual, aunque menos del 30% de las víctimas formaliza una denuncia, según el programa nacional Warmi Ñan. El subregistro responde a barreras como la revictimización social y la falta de respuesta efectiva del Estado.
El debate público se intensificó tras revelarse que una Unidad de Protección Especial (UPE) del MIMP derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos al refugio privado Casa del Padre, dirigido por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo. Diversas organizaciones de derechos humanos advierten que en ese albergue niñas víctimas de violación habrían sido inducidas a continuar embarazos forzados, lo que vulnera derechos fundamentales y ha sido calificado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como trato cruel, inhumano o degradante.
Ante las denuncias, el MIMP dispuso una intervención inmediata en el refugio, mientras la fiscalía inició una investigación penal. El caso pone en evidencia graves deficiencias en la supervisión estatal y plantea para la gestión de Izarra el reto de garantizar la protección real de niñas y adolescentes, fortaleciendo una respuesta institucional capaz de frenar la revictimización.
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