La llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República ha reavivado las expectativas del núcleo duro del castillismo. Durante las primeras horas de su mandato, la posibilidad de un indulto para Pedro Castillo se convirtió en el centro del debate público, alimentada por la histórica cercanía de Balcázar con las posturas de Perú Libre.
La incertidumbre ciudadana creció luego de que Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado del exmandatario, anunciara que presentará una solicitud formal de gracia presidencial bajo el argumento de “razones humanitarias” y una supuesta “persecución política”.
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Ante la presión mediática, el nuevo mandatario interino marcó distancia de sus antiguas promesas parlamentarias: “En principio, nadie me lo ha pedido. No está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos, materiales y objetivos”, declaró a RPP. Sin embargo, más allá de la voluntad política, el entusiasmo de la defensa choca frontalmente con el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, que establece candados específicos que el Ejecutivo no puede ignorar sin incurrir en una infracción constitucional.
Una sentencia aún en trámite
El principal impedimento reside en la naturaleza técnica del beneficio. Según el Artículo 3 del nuevo reglamento vigente, el indulto es la potestad para perdonar la pena solo a condenados con sentencia consentida o ejecutoriada. Esto quiere decir que para que un presidente pueda firmar un indulto, el proceso judicial debe haber concluido de forma definitiva en todas sus instancias.
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En el caso de Pedro Castillo, esta condición es inexistente. El exmandatario cumple una condena de primera instancia de 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado de 2022, pero dicha resolución ha sido apelada. Al encontrarse el expediente en manos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el Poder Judicial aún retiene la jurisdicción exclusiva sobre el procesado. Mientras no exista un fallo final, el Ejecutivo legalmente no tiene facultades para intervenir con un perdón presidencial.
No alcanzan los tiempos
La estrategia de Ayala busca capitalizar una supuesta palabra empeñada por Balcázar antes de llegar al poder, pero los plazos judiciales dictan otra realidad. Se estima que la sentencia de segunda instancia que otorgaría la condena frime, se emitirá recién en la segunda mitad de este 2026.
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Para cuando la justicia resuelva la situación de Castillo, el breve mandato de transición de Balcázar habrá concluido. Con las elecciones generales fijadas para el 12 de abril, el actual presidente interino habrá dejado Palacio de Gobierno antes de que el expediente del exmaestro de Chota esté legalmente habilitado para un indulto.
“Sería impertinente e impropio. Yo soy un hombre que respeta los poderes del Estado y la indepedencia de poderes... (como para que) esté pretendiendo inmiscuirme en los asuntos jurisdiccionales del Poder Judicial”, afirmó Balcázar a la prensa el día de hoy.
El indulto humanitario
La defensa intenta esquivar el bache de la sentencia firme apelando al “principio de humanidad”. No obstante, el inciso b.2 del reglamento señala que un indulto humanitario exige acreditar que el interno padece una enfermedad terminal o degenerativa grave, condiciones que no han sido parte del historial médico de Castillo en el penal de Barbadillo.
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En este escenario, el documento que Walter Ayala planea hacer firmar a Castillo parece tener más peso como herramienta de presión política que como recurso jurídico viable. Cualquier intento de Balcázar por forzar esta gracia presidencial sin una sentencia firme sería un salto al vacío que podría ser anulado de inmediato por el Tribunal Constitucional, y podría provocar consecuencias legales para el breve periodo del que estará a cargo Balcázar.
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