Una sede estatal que debía representar seguridad y estabilidad terminó convertida en una preocupación para sus propios ocupantes. El edificio donde funciona actualmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en la avenida República de Panamá 3650, en San Isidro, presenta un alto riesgo de colapso ante un sismo de gran magnitud, según un estudio técnico de sismorresistencia que reveló graves problemas en el diseño de la estructura.
La edificación, que hoy recibe diariamente a más de 700 trabajadores del sector público, fue adquirida por el Estado en el año 2018 por un valor de US$ 33.5 millones, una cifra que superó los 100 millones de soles considerando el tipo de cambio de aquella época.
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La compra fue realizada al Banco de la Nación, propietario del inmueble de 16 pisos, cuatro sótanos y azotea. Sin embargo, tras concretarse la operación, surgió un cuestionamiento que años después cobraría relevancia: la adquisición se realizó sin contar previamente con un estudio estructural que determinara si el edificio cumplía con las condiciones adecuadas de seguridad.

El entonces ministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó en su momento que la operación financiera se había completado, pero también reconoció que no se habían solicitado estudios estructurales antes de la compra para evaluar el estado de elementos esenciales como columnas y vigas.
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La ausencia de esa evaluación inicial abrió posteriormente un escenario de preocupación, debido a que análisis técnicos posteriores encontraron deficiencias que podrían poner en riesgo la estabilidad de toda la construcción frente a un movimiento sísmico severo.

Edificio del Ministerio de Vivienda fue comprado por US$ 33.5 millones y años después detectaron fallas estructurales
El problema salió a la luz tras un estudio especializado realizado en el año 2020. El informe de sismorresistencia, elaborado por el especialista Carlos Cortijo Narváez, determinó que el edificio incumple algunos parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones debido a fallas de diseño originadas desde la década de los años 90, cuando la construcción pertenecía al desaparecido Banco Banex.
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El documento técnico, compuesto por 252 páginas, analizó el comportamiento de la estructura frente a un eventual terremoto y encontró que el principal punto crítico se encuentra en el sexto piso del edificio.

Según el estudio, la distribución de algunos elementos estructurales genera una pérdida de simetría en la construcción. El problema estaría relacionado con la ubicación de la caja de ascensores, cuya posición provoca un fenómeno conocido en ingeniería como torsión estructural.
Este efecto hace que, durante un terremoto, el edificio no responda de manera uniforme frente a las fuerzas generadas por el movimiento del suelo.

La explicación técnica señala que mientras los pisos inferiores pueden resistir parte de la energía producida por un sismo, los niveles superiores pueden experimentar movimientos mucho más intensos, generando un comportamiento denominado “piso blando”.
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En términos simples, una zona determinada de la estructura podría convertirse en un punto vulnerable donde se concentre la mayor parte del esfuerzo sísmico.
El informe advierte que, ante un terremoto fuerte, la energía acumulada podría provocar la destrucción de los soportes ubicados en el sexto nivel, desencadenando un posible colapso de la torre completa. La advertencia adquiere mayor importancia debido a que el inmueble continúa funcionando como sede institucional y mantiene actividades laborales diariamente.

Más de 700 trabajadores permanecen en una sede con advertencia de riesgo sísmico
El edificio ubicado en San Isidro no es una estructura abandonada ni una construcción sin uso. Actualmente es una instalación activa donde cientos de trabajadores realizan sus labores.
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De acuerdo con la información presentada, alrededor de 700 trabajadores del Ministerio de Vivienda ocupan diariamente sus oficinas.
La situación genera interrogantes sobre las medidas de prevención adoptadas y sobre el tiempo que tomará ejecutar las obras necesarias para garantizar la seguridad de quienes permanecen dentro del edificio.

El estudio técnico no plantea simplemente una reparación menor, sino la implementación de un sistema especializado de reforzamiento estructural que permita mejorar la capacidad del inmueble frente a movimientos sísmicos.
Entre las soluciones planteadas se encuentra la instalación de disipadores sísmicos y otros elementos destinados a controlar la energía generada durante un terremoto.
Estos dispositivos son utilizados en edificaciones modernas para reducir el impacto de las vibraciones y evitar que las estructuras sufran daños severos.
Sin embargo, pese a que el diagnóstico fue conocido hace algunos años, el proceso para ejecutar las mejoras no ha avanzado al ritmo esperado.

Proyecto de reforzamiento quedó paralizado por una disputa contractual
El camino para corregir las fallas del edificio también estuvo marcado por dificultades administrativas. En febrero del 2024, el Ministerio de Vivienda otorgó la buena pro al Consorcio REYCH por un monto superior a los 700 mil soles con el objetivo de elaborar los planos necesarios para la obra de reforzamiento.
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La empresa debía encargarse del diseño técnico que permitiría ejecutar las intervenciones necesarias en la estructura.
Sin embargo, durante el desarrollo del contrato surgieron desacuerdos entre el consultor y el ministerio.

Las diferencias estuvieron relacionadas principalmente con aspectos técnicos vinculados al reforzamiento de las losas del edificio y con los tiempos establecidos para la entrega de los trabajos.
La controversia terminó provocando la resolución del contrato y posteriormente el caso llegó a un proceso arbitral administrado por MARC-PERÚ.
Como consecuencia del conflicto legal, el proyecto quedó detenido mientras se buscaba resolver la disputa entre las partes. Mientras tanto, la intervención estructural que recomendaba el estudio técnico permaneció pendiente.
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Ministerio de Vivienda busca una nueva empresa para elaborar expediente técnico de emergencia
Ante la falta de avances, en febrero de 2026 el Ministerio de Vivienda lanzó una nueva convocatoria para contratar a otra empresa consultora que pueda elaborar el expediente técnico de emergencia.
El objetivo es retomar el proceso y definir finalmente la ruta de intervención que permita ejecutar las obras de reforzamiento.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre la planificación del Estado en la compra de inmuebles públicos y la importancia de realizar evaluaciones técnicas antes de adquirir grandes edificaciones.

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