En la última década, Perú ha tenido ocho presidentes, pero solo dos fueron elegidos democráticamente por la ciudadanía. Los demás llegaron al poder por sucesión constitucional tras renuncias, destituciones o censuras parlamentarias. La reciente salida de José Jerí, luego de apenas cuatro meses en el cargo, reabre el debate sobre una crisis política que ya no es episódica, sino estructural.
La sucesión constante de mandatarios refleja un deterioro profundo de la institucionalidad democrática y un desplazamiento progresivo del poder hacia el Congreso, que en la práctica actúa como un órgano capaz de definir —y remover— gobiernos sin mediaciones partidarias sólidas.
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Un Congreso que define presidentes
La censura contra José Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, en una sesión plenaria extraordinaria realizada el 17 de febrero. Con esta decisión, el Parlamento removió al cuarto presidente en menos de seis años, consolidando su rol como principal actor del sistema político.
La moción se sustentó en una cadena de investigaciones fiscales y revelaciones públicas, entre ellas reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang —conocidas como el “Chifagate”— y presuntas irregularidades en contrataciones estatales vinculadas a encuentros nocturnos en Palacio de Gobierno. La Comisión de Fiscalización del Congreso y el Ministerio Público abrieron diligencias que terminaron por erosionar la legitimidad del entonces presidente interino.
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Antes de la votación, el pleno rechazó una cuestión previa que buscaba frenar la censura y activar el proceso de vacancia presidencial. La mayoría optó por una salida inmediata, forzando una nueva sucesión en el Ejecutivo.
El presidencialismo en crisis y el avance de una lógica parlamentaria
Para el politólogo Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, lo ocurrido confirma que el Perú ya no funciona bajo un presidencialismo clásico. En declaraciones a Infobae Perú, señaló que el país atraviesa una forma distorsionada de parlamentarismo.
“No se trata de un modelo institucional ordenado, sino de uno improvisado, sin partidos fuertes que estructuren el poder”, advirtió. Según Cárdenas, la fragmentación política y la ausencia de reformas —como elecciones primarias obligatorias o límites a la proliferación de candidaturas— han generado presidentes débiles, expuestos permanentemente a la presión congresal.
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Diez años de renuncias, destituciones y procesos judiciales
Desde 2016, la presidencia peruana se ha convertido en un cargo marcado por la inestabilidad. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 antes de enfrentar una vacancia, tras revelarse pagos vinculados al caso Odebrecht y el escándalo de los “Mamanivideos”.
Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en 2020 por incapacidad moral y posteriormente condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador regional.
El mandato de Manuel Merino duró apenas cinco días, tras una ola de protestas que dejó dos jóvenes muertos y forzó su renuncia. Luego, Francisco Sagasti asumió la presidencia con un enfoque de transición, priorizando la vacunación contra la COVID-19 y la organización de elecciones generales.
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Del voto ciudadano al quiebre constitucional
El último presidente elegido por voto popular fue Pedro Castillo, en 2021. Su gobierno estuvo marcado por investigaciones fiscales, crisis ministeriales y un enfrentamiento constante con el Congreso. El 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto, en un acto considerado un autogolpe. Fue destituido ese mismo día y condenado posteriormente a 11 años y seis meses de prisión.
Tras su caída, Dina Boluarte asumió la presidencia. Su gestión enfrentó una severa crisis social, investigaciones por corrupción y cuestionamientos por el uso de la fuerza durante protestas. Fue finalmente vacada a finales de 2025.
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La “incapacidad moral”, un mecanismo sin límites claros
El uso reiterado de la figura constitucional de la incapacidad moral permanente fue clave en esta inestabilidad. Su ambigüedad permite interpretaciones amplias por parte del Congreso, que solo necesita mayorías políticas para activar una destitución.
El Tribunal Constitucional ha advertido en diversas sentencias que esta causal debe aplicarse de manera excepcional y con reglas claras. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta política que mantiene al Ejecutivo bajo amenaza constante.
Un país atrapado en la rotación del poder
El balance es elocuente: ocho presidentes en diez años, solo dos elegidos democráticamente, varios destituidos, otros condenados o investigados, y un Congreso que concentra la capacidad de redefinir el poder político.
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Mientras el Parlamento se prepara para elegir al octavo presidente en una década, el país enfrenta una crisis de gobernabilidad que trasciende nombres y coyunturas. La inestabilidad ya no es una excepción: se ha convertido en la norma.
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