La política peruana volvió a experimentar un giro abrupto tras la vacancia de Dina Boluarte, en octubre de 2025. La figura de José Jerí pasó del primer plano institucional a la destitución en un periodo breve, marcado por cuestionamientos que no dejaron espacio para la estabilidad. Su nombre, que hace solo cuatro meses ocupaba titulares por su llegada a la presidencia, hoy encabeza informes sobre escándalos y presiones que precipitaron su abrupta salida.
El tránsito fue acelerado. La elección que lo llevó a la cúspide del poder no estuvo exenta de polémica desde el inicio. Sectores políticos y sociales expresaron rechazo por denuncias en su contra como la acusación de violación sexual y por el contexto que rodeó su designación.
La elección bajo cuestionamientos
En julio de 2025, José Jerí fue elegido presidente del Congreso en un contexto cargado de tensión. Sobre él pesaba una acusación por violación sexual, situación que generó rechazo en diversos sectores políticos y sociales. La posibilidad de que asumiera un cargo de esa relevancia mientras existía una investigación abierta provocó críticas dentro y fuera del Parlamento.
En ese contexto, una de las expresiones recogidas reflejó el clima de indignación: “Qué vergüenza”. La frase sintetizó el malestar de quienes consideraban que la designación enviaba un mensaje equivocado sobre estándares éticos en la función pública. La discusión trascendió el hemiciclo y se trasladó a la opinión pública, donde el tema ocupó espacios de análisis y pronunciamientos.
Pese a las objeciones, el proceso parlamentario siguió su curso y Jerí consolidó su posición en la mesa directiva. La controversia no desapareció con la votación. Por el contrario, se convirtió en un antecedente que acompañó cada paso posterior en su carrera política.
La llegada a la presidencia
El 9 de octubre de 2025, un nuevo capítulo se abrió en la carrera de José Jerí. Ese día se convirtió en presidente del Perú luego de que no prosperara una moción de censura contra la mesa directiva. La decisión del Congreso configuró un escenario en el que Jerí asumió el mando en medio de tensiones políticas.
La falta de votos suficientes para la censura de Dina Boluarte resultó determinante. El equilibrio parlamentario permitió que Jerí avanzara hacia la jefatura del Estado.
Su ascenso no representó una ruptura con los cuestionamientos previos. Por el contrario, los debates sobre su idoneidad continuaron. La oposición mantuvo reparos y sectores ciudadanos exigieron claridad frente a las denuncias que persistían en el ámbito judicial.
En el plano institucional, el nuevo presidente asumió funciones con el desafío de sostener gobernabilidad en un Congreso fragmentado. La estabilidad dependía de alianzas frágiles y de una opinión pública atenta a cada movimiento.
El deterioro imparable de la imagen presidencial
La última encuesta de Ipsos reveló que José Jerí, quien inició su mandato con una aprobación del 58%, cayó abruptamente al 30% en febrero, mientras que estudios de Imasen le atribuyen apenas un 24% de popularidad. El eslogan oficial, A toda máquina, ha quedado relegado en medio de cuestionamientos por el aumento récord de homicidios y una sucesión de escándalos.
Desde noviembre, la desaprobación de Jerí subió más de veinte puntos en solo un mes, según diversos sondeos. Esta caída impulsó a los bloques de Alianza para el Progreso y Podemos Perú a reunir más de 78 firmas para forzar la convocatoria de un Pleno Extraordinario que debata la censura presidencial, una decisión que requerirá el voto afirmativo de al menos 87 legisladores (dos tercios del Congreso). Paralelamente, el propio Somos Perú suspendió preventivamente la militancia de Jerí, mientras Fiscalía y Contraloría abrieron investigaciones sobre su conducta y las contrataciones señaladas.
Escándalos, investigaciones y denuncias penales
La crisis comenzó con la denuncia de violación sexual presentada el 30 de diciembre de 2024 contra Jerí y Marco Antonio Cardoza Hurtado, tras una fiesta de fin de año. El dictamen forense confirmó lesiones físicas en la víctima. El caso, investigado por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, fue finalmente archivado por falta de pruebas concluyentes, pero el daño a la imagen pública ya estaba hecho.
El 18 de octubre de 2025, la Fiscalía inició otra indagación por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Un chat filtrado hacía referencia a un pago de USD 200 mil para Jerí a cambio de aprobar una ley en el Congreso. Las pesquisas detectaron la compra de un penthouse por S/795.000, cocheras, depósitos y un lote de playa, a pesar de que Jerí había declarado ingresos previos de solo S/5.000 mensuales. Empresarios aportaron comprobantes de transferencias por S/150.000 a intermediarios a cambio de partidas presupuestarias.
A estos casos se sumaron críticas tras un reportaje que lo vinculó con seguimientos digitales a cuentas de modelos pornográficas y mensajes sexistas. Jerí reconoció errores, aseguró haber dejado de seguir esos contenidos al asumir el poder y centró su defensa en la lucha contra la delincuencia y la transición institucional prevista para julio de 2026.
Reuniones clandestinas con empresarios chinos y el “Chifagate”
El escándalo conocido como Chifagate estalló cuando cámaras de seguridad captaron a Jerí, encapuchado, ingresando de noche a un chifa en San Borja, propiedad del empresario Zhihua Yang, el 26 de diciembre de 2025. Se confirmó una segunda reunión en el Market Capón, en el Barrio Chino, ambas fuera de la agenda oficial.
La controversia creció al revelarse que Ji Wu Xiaodong, empresario chino con orden de arresto domiciliario y presuntos nexos con mafias de tala ilegal, ingresó varias veces a Palacio junto a Yang. La Fiscalía abrió investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras el Congreso citó a Jerí por la adjudicación de 8.000 cámaras de videovigilancia por S/112 millones para la Autoridad de Transporte Urbano.
Jerí admitió el error y pidió disculpas por la forma y el sigilo de los encuentros, aunque ofreció versiones contradictorias al difundirse más videos. Somos Perú abrió un proceso disciplinario y el caso alimentó los pedidos de vacancia.
Contrataciones bajo la lupa: visitas nocturnas y red de beneficiarias
Al menos cinco mujeres habrían sido contratadas por el Estado tras asistir en la noche y feriados al despacho presidencial, según investigaciones de Cuarto Poder. Las remuneraciones alcanzaron hasta USD 3.000 mensuales bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).
Un caso emblemático corresponde a una ingeniera ambiental que primero obtuvo contrato en EsSalud y luego en el Ministerio del Ambiente, tras visitas nocturnas a Palacio. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría iniciaron investigaciones, mientras fotos y registros de visitas prolongadas alimentaron la polémica.
El Ejecutivo intentó desestimar las acusaciones, pero finalmente debió comprometerse a entregar expedientes. La Fiscalía investiga delitos contra la administración pública y el programa Beto a Saber sumó denuncias sobre catorce beneficiarias más, empleadas sin cumplir perfiles técnicos.
La fiesta de cumpleaños privada y red de prostitución
La controversia se reavivó con la fiesta privada de cumpleaños organizada por Jerí en una casa de Cieneguilla, con cerca de cuarenta invitados, entre ellos congresistas, exministros y la extrabajadora Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución en el Congreso. El evento terminó en multa por música a alto volumen y tras el retiro, el congresista Luis Cordero Jon Tay sufrió un accidente automovilístico.
Jerí reconoció haber asistido y defendió el carácter privado de la celebración, aunque admitió que “la vida privada del presidente siempre estará bajo escrutinio público”.
Inseguridad y promesas incumplidas
Durante su mandato, el Perú registró un promedio récord de 5,55 homicidios diarios en 2025, la cifra más alta desde 2017. Las requisas en cárceles, inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, perdieron efecto rápidamente. El prometido Plan Nacional de Seguridad Ciudadana nunca fue presentado en tiempo y forma, aumentando la frustración de una población golpeada por la violencia.
Las investigaciones y procesos abiertos continúan, mientras el Congreso debate el futuro político de José Jerí a pocos meses de las elecciones generales de 2026.
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