Esta es la preocupante cifra de docentes separados por violación sexual en lo que va del 2026, según el Minedu

La separación inmediata de más de 200 docentes y administrativos acusados de violación sexual en colegios públicos y privados marcó la actuación más reciente del Ministerio de Educación (Minedu) en su objetivo de garantizar entornos seguros para escolares de todo el país.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, la entidad retiró de las instituciones educativas a 273 personas, de las cuales 226 docentes y 28 administrativos enfrentan procesos o sentencias por delitos relacionados con la libertad sexual, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el propio ministerio.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2025 y el 12 de febrero de 2026, el Minedu procedió a la separación tanto de docentes como de administrativos implicados en procesos judiciales por diversos delitos graves.

Además de los casos de violación sexual, la relación incluye a ocho docentes y un administrativo procesados o condenados por terrorismo y apología del terrorismo, seis docentes y un administrativo por proposiciones a menores con fines sexuales por medios tecnológicos, dos personas por tráfico ilícito de drogas y una por secuestro.

De este universo, 57 personas han sido retiradas de manera definitiva tras recibir sentencias condenatorias emitidas por el Poder Judicial, mientras que otras 216 permanecen separadas de forma preventiva, en tanto continúan sus procesos judiciales. La magnitud de estas cifras revela la dimensión del desafío que afrontan las autoridades educativas.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, enfatizó que su gestión mantiene una política de tolerancia cero frente a los delitos sexuales y otros crímenes graves dentro de las escuelas. Según el titular del sector, la meta es “desterrar de las instituciones educativas a los malos elementos infiltrados en el magisterio, con el objetivo de que las escuelas sean lugares seguros y nuestros niños y jóvenes puedan estudiar sin ningún riesgo”, según declaraciones recogidas por el propio ministerio.

Solo en lo que va de 2026, el Minedu ha retirado de las aulas a 152 personas (134 docentes y 18 administrativos) procesadas o sentenciadas por delitos graves, siendo la violación de la libertad sexual el delito con mayor incidencia, con 143 casos (126 docentes y 17 administrativos). Además, cuatro personas (tres docentes y un administrativo) han sido apartadas por delitos de proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos.

Docentes bloqueados

El combate contra la violencia sexual escolar no se limita a la separación de los acusados. Según explicó José Moreno, director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito Rural, el Minedu enfrenta una dificultad persistente ante las denuncias de abuso sexual en las escuelas, especialmente en regiones como Condorcanqui (Amazonas), donde todas las denuncias se procesan administrativamente en la UGEL correspondiente.

El funcionario informó que el Minedu ha brindado soporte técnico y acompañamiento a estos procesos, y que actualmente existen 513 docentes denunciados bloqueados en los sistemas nacionales para impedir su contratación o postulación en la Carrera Pública Magisterial.

Si bien estas medidas buscan proteger a los estudiantes, Moreno reconoció que las sanciones administrativas “no garantizan que el agresor se mantenga alejado de la víctima”, ya que en comunidades rurales ambos pueden seguir residiendo en el mismo entorno.

El Minedu solicitó al Ministerio Público y al Poder Judicial acelerar los procesos penales, pues solo una sentencia efectiva puede asegurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Supera el ámbito escolar

El impacto de la violencia sexual en las escuelas trasciende las aulas. Según los registros oficiales del Minedu, solo en 2023 se reportaron 1.886 casos de abuso sexual en instituciones educativas de todo el país a través del portal Síseve.

La mayor concentración de denuncias se registró entre los meses de julio y noviembre, con un promedio de 18 casos diarios, lo que representa un incremento respecto al año anterior.

Ocho de cada diez incidentes reportados ocurrieron en colegios públicos, lo que revela la especial vulnerabilidad del estudiantado en ese sector. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) han contabilizado más de 45.000 casos de violencia sexual contra menores en los últimos tres años, con 21.929 denuncias solo en 2023. Según Unicef, el 74 % de estas violaciones se produce en el entorno familiar o cercano.

Las autoridades educativas y sociales insisten en la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción, y en la necesidad de articular respuestas que brinden protección y acompañamiento a las víctimas.

El Minedu mantiene el llamado a todos los actores del sistema de justicia para garantizar que los agresores reciban las sanciones correspondientes y no permanezcan en libertad en las comunidades, donde su presencia afecta el bienestar emocional y la seguridad de los estudiantes.