Minedu separó a más de 600 docentes y administrativos en 2025: estos son los delitos graves que motivaron la medida

El Ministerio de Educación (Minedu) intensificó durante el 2025 sus acciones de control y supervisión con el objetivo de reforzar la seguridad en las instituciones educativas y garantizar entornos libres de riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo. En ese marco, el sector dispuso la separación de más de 600 trabajadores del sistema educativo a nivel nacional, entre docentes y administrativos, vinculados a delitos graves o con procesos judiciales en curso, tanto en colegios públicos como privados.

La medida se enmarca en las políticas de prevención y respuesta inmediata frente a situaciones que comprometen la integridad física y emocional de los escolares, una de las principales preocupaciones del sector Educación. De acuerdo con la información oficial, las separaciones se aplicaron siguiendo la normativa vigente, que permite tanto la separación definitiva en casos con sentencia firme como la separación preventiva cuando existen investigaciones judiciales abiertas por delitos de alta gravedad.

¿Qué delitos motivaron la separación de docentes y administrativos en 2025?

Según el balance difundido por el Minedu, en lo que va del 2025 se separó a 664 docentes y administrativos que se encontraban condenados o procesados por delitos graves. Del total, 568 corresponden a docentes y 96 a personal administrativo. Además, se precisó que 603 personas laboraban en instituciones educativas públicas, mientras que 61 prestaban servicios en centros privados.

Dentro de este grupo, 91 personas fueron separadas de manera definitiva, tras contar con una sentencia condenatoria firme. Este bloque está conformado por 68 docentes y 23 administrativos, quienes quedaron fuera del sistema educativo al confirmarse judicialmente su responsabilidad penal.

En cuanto a la tipificación de los delitos, el más recurrente fue la violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, con 66 casos registrados, de acuerdo con el reporte sectorial. A esta cifra se suman otros delitos considerados de alto impacto social, como terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas, todos incompatibles con el ejercicio de funciones dentro de una comunidad educativa.

De manera paralela, el Minedu dispuso la separación preventiva de 573 personas que actualmente enfrentan procesos judiciales en curso. De este grupo, 500 son docentes y 73 administrativos, quienes fueron apartados temporalmente de sus labores mientras se resuelve su situación legal. Los procesos están vinculados a delitos como violación sexual, terrorismo y apología del terrorismo, homicidio doloso, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores a través de medios digitales, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Más de dos mil separados del sistema educativo desde 2023: balance histórico de las sanciones del Minedu

Entre el 2023 y el 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación ejecutó la separación de 2.160 docentes y trabajadores administrativos del sistema educativo nacional por delitos graves o por enfrentar procesos judiciales en curso. Se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora y responde a la aplicación estricta de la Ley 29988, que faculta al Estado a retirar de manera definitiva o preventiva a personas implicadas en ilícitos incompatibles con la labor educativa.

De acuerdo con los datos oficiales, estas medidas alcanzaron a 1.835 docentes y 325 administrativos, distribuidos en 1.829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados en distintas regiones del país. El delito con mayor incidencia fue la violación de la libertad sexual, con 1.813 personas involucradas, seguido por casos de terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41) y secuestro (36). A este listado se suman otros delitos como proposiciones sexuales a menores por medios digitales, proxenetismo, pornografía infantil, feminicidio, trata de personas, parricidio y sicariato, todos contemplados en la normativa vigente.

El detalle por periodos muestra que entre el 1 de abril y el 25 de septiembre de 2024 se reforzó esta política con la separación de 1.165 personas, de las cuales 1.000 eran docentes y 165 administrativos. En ese tramo, 176 separaciones fueron definitivas y 989 preventivas, mientras avanzaban las investigaciones judiciales. Los registros de ese periodo precisan que 991 casos estuvieron vinculados a delitos sexuales, 87 a terrorismo, 22 a narcotráfico, 21 a homicidio doloso y 13 a proposiciones sexuales a menores mediante tecnología, además de otros delitos de alta gravedad.