En su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, el Decreto de Urgencia 010-2025, de la privatización de Petroperú, establecía una “nueva estructura orgánica y medidas para implementar acciones de reconversión y reducción de personal” en la petrolera.
Bajo este argumento, la ministra de Economía, Denisse Miralles, pidió ejecutar un recorte masivo. Pero no contaba con que el directorio de Petroperú terminaría contratando a la consultora Vinatea & Toyama, que concluyó en un informe legal que las disposiciones del DU eran inconstitucionales, inaplicables y representaban riesgos legales.
En la sesión del directorio del jueves 12 de febrero, la gerente general Rita López expuso la opinión de Vinatea & Toyama y explicó que aplicar despidos pondría en riesgo penal y procesal a la empresa y sus directivos.
La presidenta del directorio, Elba Rojas Álvarez, junto con los demás directores, expresó preocupación por los efectos legales y operativos del DU y respaldó la propuesta alternativa de la gerencia general.
Petroperú: el plan B para el recorte de trabajadores
Se descartó, entonces, la ejecución de despidos masivos y se aprobó un plan B: salida escalonada de unos 954 trabajadores bajo contratos modales, suplencias, servicios específicos y jubilados previstos para este año. Los que se vayan, accederán a una buena liquidación, con recursos del Estado (ver link).
Además, se pondrá en marcha un programa de desvinculación voluntaria para personas mayores de 65 años. Las vacantes generadas por retiros previos tampoco serán cubiertas.
La estructura organizacional también fue modificada con la fusión y eliminación de varias gerencias, como Seguridad, Tecnología de la Información y Comunicaciones, que pasan a ser jefaturas. También se cuentan Marketing y Exploración y Explotación, que pasan a ser gerencias. Otras desaparecen.
Por ejemplo, el área de Oleoducto ahora depende de la Gerencia Comercial y Cadena de Suministro y deja de operar desde Piura para hacerlo desde Lima. La dotación se reduce a aproximadamente 1.700 trabajadores.
Se prevé el ingreso, la próxima semana, de personal de confianza propuesto por Rita López y la salida de funcionarios de la gestión anterior, incluyendo a quienes estuvieron vinculados con Óscar Vera.
Problemas para ProInversión
La división de Petroperú en bloques patrimoniales tampoco la pasa bien. ProInversión solo consideraría activos no estratégicos, y los asesores legales y consultores estudian descartar la viabilidad de dividir la empresa debido a las deudas con bonistas internacionales, quienes tienen preferencia en caso de venta.
Más temprano, en una conferencia del Instituto Peruano de Economía (IPE), ProInversión reconoció al fin que Petroperú no está en quiebra, y que más bien enfrenta una grave crisis de capital de trabajo.
Por eso es que el plan anunciado entre bombos y platillos horas después prioriza iniciar la promoción con los activos de upstream -lotes petroleros-, mientras que la refinería de Talara no necesariamente se gestionará sola ni en primer lugar, ya que su agrupación dependerá de “análisis posteriores”.
Pero lotes como Z-69 ya se van, de cualquier manera. Leyes como la 30130 (modernización de la Refinería Talara) y la 28244 (exclusión de Petroperú de privatizaciones bajo ciertas modalidades) representaron un escollo para el MEF -más que para el MINEM- en su plan de recorte y privatización.
MEF pediría la cabeza del directorio
La gerencia general y el directorio de Petroperú resolvieron cumplir parcialmente el DU, priorizando reducción de gastos y reorganización interna, evitando acciones que pudieran generar denuncias penales.
El acuerdo alcanzado fue reportado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y se espera su puesta en ejecución a partir de este viernes 13 de febrero, aunque los nuevos gerentes arribarían desde este lunes 16, como dice el documento.
Se anticipan presiones para cambios en la presidencia del directorio debido a la expectativa de un recorte mayor desde la Junta General de Accionistas (MINEM 40% y MEF 60%). Sin embargo, la posible censura del presidente José Jerí es prioridad en la agenda. ProInversión, por su parte, está corriendo, con Deloitte poniéndole peros.
La crisis también involucra a los dirigentes sindicales con más de 10 o 20 años en sus cargos, quienes serán los primeros en expresar su rechazo y protagonizar protestas tras el acuerdo que les quita plazas históricas en la organización. Para ellos, casi no hay marcha atrás.
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