Que decida la ciencia: una hoja de ruta para la política ambiental

La recuperación progresiva de la capa de ozono tras décadas de deterioro no es solo una buena noticia ambiental. Es, además, una prueba concreta de que los acuerdos globales pueden funcionar, siempre que se traduzcan en políticas nacionales, normas verificables y acciones locales sostenidas. Detrás de ese éxito, hay algo más que voluntad política: existen instituciones que producen datos confiables, mecanismos de cumplimiento y profesionales capaces de moverse en la frontera —siempre compleja— entre la evidencia técnica y la toma de decisiones. Ese es, precisamente, uno de los roles estratégicos de la ingeniería ambiental hoy.

Más que producir diagnósticos, la ingeniería ambiental actúa como un verdadero “movilizador del conocimiento”. Convierte mediciones en diagnósticos, diagnósticos en opciones de política y opciones en resultados evaluables. En otras palabras, activa la evidencia para su uso práctico. Sin ese proceso, los tratados internacionales corren el riesgo de quedarse en declaraciones de intención; con él, se transforman en estándares, inversiones, fiscalización y cambios reales en la gestión pública.

Desde la universidad, esta lógica plantea un desafío claro: ¿cómo formar profesionales que no solo comprendan los problemas ambientales, sino que sepan intervenir eficazmente en su solución? Una estrategia posible es asumir una doble agenda frente al cambio climático. Por un lado, reducir la huella de carbono institucional mediante prácticas sostenibles en el campus. Por otro, expandir la “huella cerebral de carbono”; es decir, diseminar conocimiento climático en la comunidad universitaria y, a través de ella, en el país. Esta segunda dimensión es clave para la vinculación con las políticas públicas, porque el impacto universitario no termina en sus instalaciones, sino en las capacidades que instala en el capital humano que forma.

Para expandir esa huella cerebral, existen al menos cuatro aproximaciones complementarias en el plan de estudios universitario. La primera es la especialización, mediante programas específicos en ciencias e ingeniería ambientales o gestión climática. La segunda es la integración general, que permite la incorporación de fundamentos del cambio climático en todas las carreras. La tercera es la transversalidad, a través de módulos comunes o cursos compartidos. Y la cuarta es la conexión, gracias al uso de herramientas como los MOOC, que posibilitan llegar a una audiencia más amplia. El reto no está en elegir una sola alternativa, sino en combinarlas para pasar efectivamente del aula a la decisión pública.

Ese tránsito se sostiene, al menos, en tres ejes. El primero es la formación de policy makers, incluso dentro de carreras técnicas. Esto implica enseñar a definir problemas con criterios claros —regulación, incentivos, estándares o fiscalización—, evaluar impactos y costos, y diseñar implementaciones con indicadores y seguimiento. Saber qué ocurre en el ambiente es indispensable pero insuficiente: también hay que saber qué hacer, con qué instrumentos y cómo verificar si funcionó.

El segundo eje es la construcción de infraestructura de evidencia. Observatorios ambientales, laboratorios de monitoreo y sistemas de evaluación con aseguramiento y control de calidad permiten a los gobiernos formular, ajustar y defender decisiones con trazabilidad. El caso del ozono lo demuestra con claridad: sin redes de observación, estándares de reporte y datos comparables en el tiempo, los compromisos internacionales pierden fuerza. La misma brecha persiste en ámbitos como la calidad del aire, del agua y del suelo, la gestión de residuos o las emisiones, donde el problema no es la falta de normas, sino de información sostenida y comunicable.

En el Perú, existen ejemplos concretos de cómo la cooperación internacional puede fortalecer el cumplimiento ambiental. En el marco del Protocolo de Montreal, el Estado ha ejecutado proyectos financiados por el Fondo Multilateral para eliminar sustancias que agotan la capa de ozono y ha comunicado metas como la eliminación total del uso de HCFC —gases dañinos para la capa de ozono y con alto impacto climático— hacia 2040, en sectores como refrigeración y aire acondicionado. El aprendizaje es replicable: financiamiento internacional, transición tecnológica, capacitación sectorial y verificación progresiva de metas, con beneficios ambientales globales y mejoras locales en estándares y desempeño.

Sobre esa base, una carrera como Ingeniería Ambiental puede aportar de manera directa. Primero, mediante la consolidación de cursos proyecto y trabajos de fin de carrera orientados a productos útiles para el Estado, como briefs técnicos, propuestas de indicadores, planes de monitoreo o evaluaciones de costo-efectividad para municipalidades. Segundo, con la articulación de convenios con entidades públicas, gobiernos locales y ONG que alineen necesidades reales —datos, control, evaluación— con aprendizaje activo y transferencia de conocimiento.

El tercer eje, a menudo subestimado, es la comunicación. Traducir ciencia climática en mensajes comprensibles, comunicar datos con claridad y generar legitimidad social son tan importantes como el diseño técnico. En políticas públicas, una medida puede ser impecable desde el punto de vista científico y aun así fracasar si no se entiende o no genera confianza.

Desde la ingeniería ambiental, la universidad tiene la oportunidad de acelerar la transformación: formar profesionales capaces de convertir acuerdos globales en políticas locales efectivas, medibles y socialmente legítimas. Esa es, hoy, una de las contribuciones más valiosas del conocimiento al desarrollo sostenible.